La consejera socialista Marián Franquet considera que “solo cuando ha gobernado el PSOE en Canarias hemos conseguido avanzar. Ahora -agrega- hemos retrocedido de nuevo con unos datos alarmantes. El proyecto de decreto no ha sido dialogado y ha sido criticado por absolutamente todas las personas implicadas. Aún así, el Gobierno ha seguido adelante”
El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife pedirá en el pleno del próximo lunes que la corporación insular muestre su rechazo, exigiendo su retirada, al proyecto de decreto con el que el Gobierno de Canarias quiere regular cómo se aplica la Ley de Dependencia en las Islas. Este documento cuenta con la oposición de las organizaciones que participan en esa aplicación y con los propios trabajadores de la Consejería y pretende acabar con las largas demoras de la dependencia en Canarias, estableciendo graves obstáculos que pueden generar indefensión e inseguridad jurídica.
La consejera socialista Marián Franquet defenderá una moción socialista en la que se insta al grupo de gobierno a apoyar la retirada del decreto. “El Gobierno de Canarias -ha explicado- modifica el decreto que regula cómo se aplica la Ley de Dependencia en Canarias, pero esa modificación no ha sido consensuada, pactada. No ha sido, ni siquiera, dialogada con los colegios profesionales”, ha explicado.
Franquet ha añadido que “los socialistas pusimos en marcha la Ley de Dependencia. En Canarias, históricamente, tenemos un gran retraso en su aplicación y solo cuando ha gobernado el PSOE hemos conseguido avanzar y acortar la distancia que nos separa de otras comunidades autónomas. Ahora volvemos a retroceder, con unos datos alarmantes”.
Desde la aprobación de la ley en 2006, Canarias ha contado siempre con los peores indicadores de aplicación en el Estado, una situación que reflejan los datos de todos los organismos, desde el IMSERSO, al Observatorio de la Dependencia, pasando por el Diputado del Común.
El proyecto de decreto que tramita el Gobierno de Canarias, por la vía de urgencia además, cambia el procedimiento por otro que no garantiza una reducción de las listas de espera del reconocimiento a la dependencia, disminuye la calidad del trabajo, realiza una criba injusta de expedientes, reduce las garantías de acceso en igualdad de condiciones y la seguridad jurídica del procedimiento.
“La degradación del sistema -según el texto de la moción- se puede observar en el primer trimestre de 2024, con una caída significativa de las resoluciones y de las prestaciones concedidas”. “El decreto -continúa- no cumple con lo estipulado por la ley, ya que se ha realizado sin participación previa, abriendo la puerta a la privatización de los servicios sin una mejora del sistema”.
“Se rompe el consenso -explica la moción-, al no contar con las personas que trabajan en el sistema de dependencia desde hace diecisiete años, además de los colegios profesionales, las organizaciones y asociaciones que representan a las personas dependientes, así como a la Fecam y a la Fecai”.
