El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha advertido hoy del disparate que supone sacar a explotación privada, con carácter turístico, las 24 viviendas bioclimáticas que el ITER, empresa pública del Cabildo, tiene en el polígono industrial de Granadilla de Abona, sin haber completado la regularización de las instalaciones.
Cerradas en 2020, las viviendas suman una enorme lista de irregularidades que hacen inviable su explotación por parte de una empresa privada, tal y como es la intención de la presidenta insular.
Concebidas como laboratorio a escala natural de proyectos de experimentación, las casas no cuentan con escritura pública de obra nueva ni inscripción registral. No consta información sobre la referencia catastral de las mismas, ya que todos los metros cuadrados construidos en la zona figuran como oficinas.
No tienen licencia de primera ocupación -que reporta las condiciones de habitabilidad- y solo dispone de licencia individual de primera utilización para su uso como laboratorio a escala natural.
Tampoco dispone de conexión a los servicios municipales de agua y sí de un sistema interno de abastecimiento con una depuradora que se construyó sin permiso del Consejo Insular de Aguas, también ente del Cabildo de Tenerife.
El gobierno socialista de Pedro Martín hubo de hacer frente a numerosas irregularidades y a la madeja administrativa dejada por Coalición Canaria, como la existencia en el lugar de una perrera privada ilegal, problemas retributivos del personal, etc. Los cuatro años del pasado mandato supusieron un enorme esfuerzo por resolver las numerosas irregularidades detectadas, algunas ya resueltas y otras a las que el actual equipo debe continuar tramitando una solución definitiva.
Por todo ello, desde el PSOE de Tenerife y desde el Grupo Socialista se considera que este nuevo anuncio lanzado por el Cabildo insular obedece más a la campaña constante de marketing en la que se encuentra inmersa, que a la seguridad jurídica de cualquier adjudicatario, que se habría de enfrentar a todo un cúmulo de presuntas ilegalidades en el recinto.
