El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Buenavista del Norte solicitado por Sí se Puede (SSP) para debatir la idoneidad de la ubicación de la futura depuradora de aguas residuales de la Isla Baja concluyó este lunes con un inesperado posicionamiento unánime. PSOE, SSP y CC se pusieron de acuerdo, tras un receso de apenas 15 minutos, para exigir al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) que cambie la ubicación prevista para la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la comarca. Un proyecto que ya está en fase de licitación y que lleva años en trámite.
Publica el periódico El Día que la Corporación buenavistera considera ahora inadecuado construir la EDAR en el barrio de Las Canteras y apuesta por «buscar alternativas de ubicación» más alejadas de núcleos urbanos.
El acuerdo pactado por todas las formaciones políticas con representación municipal también plantea que la zona donde se ubique la EDAR pueda albergar sistemas de generación de energías renovables, como la eólica; que un grupo de expertos analice la posibilidad de establecer una depuradora natural y otras posibles alternativas; que se garantice el óptimo mantenimiento de la instalación por parte del CIATF; que se estudien los efectos de la reutilización de aguas depuradas en la agricultura de la zona; que se establezca un cronograma de reuniones, tanto con los ayuntamientos como con los colectivos afectados para hacer un seguimiento del proceso, y que se apoyen las alegaciones presentadas recientemente por SSP al segundo ciclo del Plan Hidrológico de Tenerife.
Pese a este acuerdo final, la sesión comenzó con cierta tensión y un cruce de reproches entre SSP y PSOE. En un salón de plenos lleno de vecinos y miembros de la Plataforma Los Silos-Isla Baja, los ecosocialistas acusaron a la alcaldesa, Eva García (PSOE), de llevar al límite legal la convocatoria de la sesión extraordinaria para, a su juicio, impedir que el ayuntamiento presentara alegaciones conjuntas al citado plan hidrológico. García criticó a SSP por no presentar ninguna alegación contra este documento en el mandato anterior, cuando estaban en el gobierno.