Esta nueva norma, compuesta por treinta artículos, agiliza los procedimientos para hacer frente, de forma extraordinaria, a la gran demanda existente
El Parlamento de Canarias ha convalidado ayer el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda para agilizar los procedimientos y hacer frente, de forma extraordinaria, a la gran demanda de inmuebles que existe en el archipiélago.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha subrayado la amplia mayoría alcanzada en la Cámara, y ha explicado que esta norma “permitirá dar respuesta a la emergencia habitacional sin precedentes que vive Canarias, así como a los más de 25.000 demandantes de vivienda registrados que precisan de soluciones inmediatas y efectivas por parte de las administraciones”.
En esta línea, ha recordado que esta norma es complementaria al Plan de vivienda de Canarias 2020-2025, al Plan estatal y al Plan de choque, aprobado este último por el departamento en octubre de 2023.
“Somos conscientes de la necesidad de impulsar la disponibilidad de inmuebles. Por eso, estamos trabajando en la implementación de otras medidas, como un nuevo programa de vivienda vacía que fomente que los propietarios las incorporen a la bolsa pública; el impulso a la hipoteca joven, que permitirá que accedan a sus primeras viviendas en condiciones más favorables que las que ofrece el mercado actualmente; la adquisición de edificios inacabados para su entrega; el primer paquete de derecho de superficie, a través de un concurso público a celebrar próximamente, o, incluso, un nuevo paquete de medidas fiscales para incentivar la puesta en alquiler de las viviendas vacías, desarrollado junto a la Consejería de Hacienda”, ha explicado.
Asimismo, ha anunciado que la Consejería pondrá en marcha el Observatorio de la Vivienda en Canarias que, además de evaluar las medidas en marcha, recogerá datos objetivos sobre el estado de la vivienda en Canarias ya que en estos momentos no se dispone de cifras oficiales.
Acercar el decreto ley a instituciones y organismos
Durante su exposición, Pablo Rodríguez ha señalado que la iniciativa incluye una serie de medidas administrativas que priorizará el aprovechamiento de recursos sin consumir más suelo. Para alcanzar este objetivo y asegurar su correcta aplicación, el consejero ha mantenido una ronda de reuniones en las últimas semanas, y que se prolongarán durante los próximos meses, para despejar dudas y dar a conocer la norma a administraciones y a agentes del sector.
“Esta iniciativa pretende impulsar nuevas medidas que mejoren la realidad de la vivienda en las islas sin vulnerar la autonomía local, como ya ha confirmado el informe jurídico emitido por la propia Federación Canaria de Municipios, que destaca la plena legalidad de la medida, así como el informe del Consejo Consultivo, que no encuentra ningún viso de inconstitucionalidad”, ha recalcado.
En este sentido, el consejero ha apuntado que “se prevé la posibilidad de que los ayuntamientos destinen suelo dotacional público para la construcción de viviendas protegidas de promoción pública. No obstante, el Ejecutivo no construirá sobre parques o canchas deportivas, sino sobre aquella parcela dotacional que lleve años sin uso y sobre la que el consistorio no prevé ejecutar ninguna obra de interés público”, ha detallado.
Asimismo, el decreto ley contempla medidas para incentivar la rehabilitación de urbanizaciones y edificaciones no terminadas, así como la división de viviendas existentes para generar mayor espacio habitable o la posibilidad de recalificar locales y edificios de oficinas para su uso como inmuebles.
“Hemos decidido impulsar iniciativas concretas y valientes ante la necesidad de incrementar la disponibilidad de inmuebles. En esta línea, la recalificación y transformación de los locales y las oficinas solo se podrán efectuar si cumplen con los requisitos señalados en el artículo 17 del decreto ley y las condiciones de habitabilidad”, ha aclarado Rodríguez.
Ante la exigencia de promover el desarrollo de viviendas públicas y privadas en el mercado, se ha declarado la urgencia de los procedimientos para así reducir los plazos para el cumplimiento de los trámites, así como el carácter de silencio administrativo favorable en determinados casos, con el fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes.
El impulso a la colaboración público-privada “brinda la oportunidad de abordar el gran desafío que supone la vivienda”. La actualización del Módulo Básico Canario facilita la actualización y adecuación de los precios, fomentando que los constructores asuman el riesgo de construir inmuebles protegidos de manera rentable y se reduzcan el número de licitaciones desiertas.
“Es importante señalar que este decreto ley ha sido recibido con aceptación y apoyo por parte de numerosos alcaldes y alcaldesas de nuestros municipios, quienes reconocen la importancia de estas medidas para abordar la crisis habitacional en Canarias”, ha concluido.
