La medida garantiza un incremento de la ayuda en 50 euros con familias con menores a cargo y agiliza la renovación de las ayudas garantizando la cobertura social de las familias perceptoras. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, afirma que esta modificación responde a la voluntad del Gobierno de “llegar más y mejor a quien más lo necesita”
El Parlamento ha aprobado ayer por unanimidad el decreto ley que mejora la Prestación Canaria de Inserción. Según afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, que la aprobación por unanimidad de este decreto ley demuestra que “mejorar la vida de nuestra gente debe de ser siempre el objetivo prioritario de los que gobiernan”. La consejera también ha agradecido el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que la propuesta saliese adelante,
“Nuestro objetivo es claro: llegar más y mejor, a quien más lo necesita”, afirmó la consejera quien indicó que “cuando peor vienen dadas para la ciudadanía, es cuando el Gobierno debe hacer mayores esfuerzos para garantizar unas condiciones de vida dignas, especialmente para aquellos colectivos y familias que peor lo están pasando”. Un total de 7.507 personas son beneficiarias de esta ayuda, 14.264 personas contando las unidades de convivencia (datos a abril de 2021).
Según Santana, “esta modificación permitirá agilizar el proceso de renovación de la PCI y, lo que es más importante, dotar a las familias con personas menores de edad de un incremento de 50 euros mensuales que se comenzarán a abonar este mismo mes”. Para ello, la Consejería destinará una partida de 1,9 millones de euros. Esta medida se aplicará en el plazo de tres meses.
En relación a las renovaciones, la modificación de la Ley que regula la PCI ofrecerá una mayor protección a aquellas personas que se puedan ver perjudicadas en las renovaciones por la falta de citas en los servicios sociales municipales, posibilitando la renovaciones de oficio hasta dos meses después de finalizado el percibo de la prestación, aunque no se hubiera solicitado dicha renovación en plazo, lo que permitirá ofrecer una cobertura económica al mayor número de familias en situación de exclusión social posible.
De esta forma, se agilizan los plazos y se reducen los trámites, ya que se permitirá que los ayuntamientos puedan presentar de oficio las solicitudes de renovación que se hayan quedado fuera de plazo si subsisten las circunstancias de vulnerabilidad de las familias y se agilizan las renovaciones de aquellas familias que no han cambiado sus circunstancias, mediante informe social y declaración responsable.
Con las modificaciones realizadas, se sigue garantizando, hasta la entrada en vigor de la Ley de Renta de Ciudadanía, la función de la PCI como sistema complementario a las personas que no puedan acogerse al IMV y mejorando los apoyos que se precisen en los procesos de inclusión social y laboral, y facilitando las renovaciones de esta prestación.
Hay que recordar que la Consejería de Derechos Sociales llevó a Consejo de Gobierno del pasado 18 de marzo el proyecto de Decreto ley por el que se modifica la Ley 1/2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
