La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha presentado hoy su informe anual ‘DEC 2018’ en rueda de prensa en la que han señalado que “La Legislatura ha sido para Canarias y Valencia el renacer de los servicios sociales”. Esta es una tendencia que recogen en un documento en el que Canarias ocupa el puesto número 14 en la calificación de las Comunidades Autónomas, pero en el que también se señala que “se registra una clara mejoría en los últimos años, con un incremento de 1,35 puntos desde 2015 y 0,45 solo en el último año”.
Hay que tener en cuenta que el índice no recoge la aprobación de la Ley de Servicios Sociales como parámetro positivo, ya que la publicación de la misma se produjo con el informe ya redactado, lo que hubiese supuesto sin duda una diferencia a favor de la comunidad autónoma al que se hace referencia en el propio informe. Se señala, asimismo, que la “relevancia económica de los servicios sociales públicos en Canarias mejora notablemente, destacando el esfuerzo inversor de las administraciones públicas” del Archipiélago.
En las recomendaciones del informe se señala que la nueva legislatura tiene un reto en el desarrollo de la nueva ley “con la aprobación del catálogo que concrete los derechos reconocidos, y una planificación que permita ordenar racionalmente el Sistema”. “Estos”, continúa el informe “son pasos imprescindibles para que los servicios sociales en esta Comunidad abandonen de forma definitiva la situación de irrelevancia y consoliden la recuperación que se aprecia en los últimos años”. A este respecto, cabe destacar que precisamente esta semana, y con este fin, ha quedado constituida la Comisión Técnica Especializada del Consejo General de Servicios Sociales, órgano encargado de elaborar los reglamentos que desarrollarán la nueva Ley de Servicios Sociales. Esta Comisión tiene como misión avanzar en los diferentes reglamentos previstos así como establecer un calendario de trabajo.
Uno de los aspectos que mejoran es el limbo de la Dependencia y el informe estipula que “a pesar de los progresos en esta materia en los dos últimos años, Canarias todavía se encuentra por debajo de la media. No obstante, Gustavo García, coordinador del Índice, ha explicado que, se notan mejorías notables. “Se venía de una situación muy precaria. En aspectos como los que nosotros denominamos el limbo, Canarias está en el 29,3% frente al 19,2% de la media estatal, lo cual no es nada positivo, pero si miramos cómo estaban al principio de la Legislatura, que rozaba el 50%, el progreso también ha sido notable y, probablemente, cuando hagamos la evaluación en 2022, de seguir a este ritmo, Canarias estará en un grupo de los que podemos destacar”.
García también ha destacado el crecimiento muy importante en el nivel de inversión “superando la media estatal en el porcentaje de inversión sobre el PIB”. Con un 1,822% Canarias está por encima de la media estatal, que es del 1,525%. El informe señala que la inversión por habitante y año en 2018 es de 372,48 euros en Canarias, mientras que la media estatal es de 381,25%. Según el documento entregado a los medios, “el porcentaje que supone la inversión en servicios sociales sobre el presupuesto total de las administraciones públicas en Canarias es del 9,21%, siendo la media estatal del 9,39%”. “Y eso que estos datos”, afirma García, “son de 2016, estoy seguro de que si hubiésemos tenido datos de prestación de servicios con esa inversión, que no se nota cuando la haces sino siempre más adelante, la nota que hubiese obtenido el Archipiélago sería mucho mejor”.
También en las recomendaciones del informe se estipula que Canarias debe hacer un esfuerzo a la hora de incrementar la extensión y la cuantía de las Rentas Mínimas de Inserción, asunto que el Gobierno ya está a punto de resolver gracias a la aprobación de la nueva Renta Canaria de Inserción, que llegará a más de 32.000 familias del Archipiélago.
El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, con una inversión de más de 161 millones de euros por parte del Gobierno paliará asimismo otra de las debilidades señaladas en “plazas residenciales para mayores y de financiación pública”.
