El Gobierno remite al Parlamento su propuesta de Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias

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Este documento tiene como objetivo principal garantizar el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado hoy, a solicitud de los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, tomar en consideración la propuesta de Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias y remitirla al Parlamento de Canarias, para su debate con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara autonómica, antes de ser aprobada definitivamente.

Este documento tiene como objetivo principal garantizar el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, y recoge los objetivos, prioridades y financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Es fruto de un trabajo altamente participativo, en el que se ha procurado recabar la posición y opiniones de expertos, asociaciones memorialistas, instituciones públicas y la sociedad en general. Con este fin, antes de su elaboración se planteó un cuestionario que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue respondido por más de 400 personas, siendo uno de los procesos participativos más numeroso de estos últimos años.

También se han llevado a cabo talleres con expertos a nivel autonómico y nacional sobre la materia e incluso miembros de la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, así como entrevistas individuales con los miembros de la propia Comisión Técnica. Se ha analizado la respuesta que otros territorios han dado a esta cuestión y, en función de todo ello, se han establecido tres grandes objetivos estratégicos que constituyen los fines a perseguir en este documento.

En primer lugar, promover la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en materia de Memoria Histórica. En segundo, garantizar el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y, en tercer lugar, asegurar el apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática.

De estos tres grandes objetivos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta un total de 35 proyectos, todos ellos descritos con identificación de sus indicadores de cumplimiento, previsión de financiación, resultados esperados y planificación o cronograma de su desarrollo. Con ellos, lo que se pretende es dar cumplimiento a las obligaciones legales y a la realización de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

No es una estrategia para la confrontación, sino para el reconocimiento y la reparación, que ofrece respuestas a reclamaciones largamente demandadas por la ciudadanía y que resultan ser de pura justicia material (exhumación de las fosas, dignificación de las víctimas, investigación de la realidad de los menores sustraídos, aprobación del catálogo de vestigios franquistas, elaboración del mapa de espacios y lugares de memoria…). Muchas de estas acciones ya se encuentran en marcha y algunas en un grado avanzado de desarrollo.

Con esta estrategia lo que se pretende es coordinar y garantizar el buen fin de todos los proyectos, constituyéndose en la hoja de ruta de la Memoria Democrática en Canarias Su elaboración parte de la obligación contenida en el artículo 9 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

En dicho artículo se establece, en primer lugar, que el Gobierno de Canarias, a propuesta de las consejerías competentes en materia de memoria histórica, educación y patrimonio cultural, «aprobará la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con carácter bienal, en la que se recogerán los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias».

Además, indica que, elaborada la propuesta de estrategia, y antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias, «se someterá a informe de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica prevista en el artículo 11 de la presente ley, que podrá proponer la incorporación de los objetivos y prioridades que estime necesarios para una mejor coordinación de las actuaciones a realizar por la administración pública de la comunidad autónoma y por las demás entidades públicas y privadas».

Por lo tanto, nace de un diagnóstico de necesidades y grado de cumplimiento de los fines recogidos en la ley autonómica, que son, a la vez, plenamente compatibles con los que se contienen en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

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