Se acuerda la celebración de un Pleno Extraordinario y la creación de una comisión de evaluación y seguimiento de los daños del incendio en la que estarán integradas los ayuntamientos
El Cabildo de Tenerife ha aprobado hoy miércoles iniciar el procedimiento para la declaración de la Isla como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil –comúnmente conocido como zona catastrófica- por el incendio que se inició el pasado 15 de agosto. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente, Lope Afonso, y el consejero de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, José Miguel Ruano, ofrecieron una rueda de prensa para dar cuenta del acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado hoy.
Rosa Dávila indicó que se ha acordado iniciar este procedimiento “para que una vez que finalice el incendio se puedan recibir las ayudas que establece la ley lo antes posible”. Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó la celebración de un Pleno Extraordinario, la reunión del patronato del Parque Nacional del Teide y de los Espacios Naturales Protegidos y la creación de una comisión de seguimiento y evaluación de los daños en la que estarán presentes los ayuntamientos afectados por el incendio. Además, se insta a los ayuntamientos a promover la evaluación de daños producidos en el ámbito de instalaciones o servicios municipales, así como los gastos derivados de actuaciones inaplazables derivadas del mismo.
“Afortunadamente, a día de hoy no tenemos constancia de que haya afectado a las viviendas, aunque sí a algunos cuartos de aperos e instalaciones ganaderas y apícolas. Y es preocupante que haya afectado a unas 10.000 hectáreas del Parque Natural de Corona Forestal y 2.300 hectáreas del Parque Nacional del Teide”. En ese sentido, señaló que el pino canario “es una especie resistente y volverá a resurgir, pero la retama del Teide tarda 25 años en recuperarse. Es un daño ambiental casi irreparable”, ha subrayado Dávila.
La presidenta del Cabildo reiteró el agradecimiento a todas las personas que luchan para combatir el incendio, que todavía no está controlado, así como la solidaridad de muchas personas y empresas que están colaborando: “Tenerife no se ha rendido, no ha bajado los brazos y vamos a seguir trabajando para acabar con el incendio”.
Rosa Dávila también señaló que propondrá en la reunión de la Federación Canaria de Islas (Fecai) “para realizar algunos cambios y trasladárselos al Gobierno de España en aspectos que nos parecen importante cambiar en la gestión de las emergencias. Por ejemplo, la dirección de extinción la está realizando el Cabildo de Tenerife y la ley señala que para poder activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) es necesario que la emergencia esté en nivel 2. Creo que en Canarias podríamos tener un nivel 1 plus o un nivel 1 reforzado en el que los Cabildo podamos activar a la UME. Lo voy a plantear en la Fecai y en el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España porque es una normativa estatal”.
Por su parte, el vicepresidente, Lope Afonso, indicó que la colaboración con los ayuntamientos “e fundamental porque son los que están más cerca de los vecinos afectados. Queremos que recuperen la normalidad lo antes posible y de ahí que hayamos tomado este acuerdo”. Afonso también indicó que en el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno se trasladará al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias, en orden a su contribución en el inicio de la valoración de los daños causados y sin perjuicio de la formalización de la solicitud correspondiente, una vez se hayan terminado las acciones de respuesta inmediata a la emergencia.
De igual forma, el acuerdo insta a las áreas del Cabildo de Medio Natural, Sostenibilidad Seguridad y Emergencias; Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal; y Movilidad a promover la evaluación de los daños producidos por el incendio forestal, sin perjuicio de que se complete y actualice, una vez hayan concluido las acciones de respuesta inmediata a la emergencia.
Por su parte, José Miguel Ruano indicó que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil contempla diferentes medidas aplicables ante los daños causados por estos desastres naturales entre las que se encuentran ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes, ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular, ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina y apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
