La vicepresidenta tercera del Cabildo de Tenerife y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, reunió hoy a los ayuntamientos de la isla para avanzarles que se distribuirán un total de 10 millones de euros entre los municipios y las entidades sociales para apoyarles en la atención a la emergencia social y en la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía.
“El Cabildo de Tenerife va realizar esta aportación extraordinaria para dar una respuesta a la situación excepcional que viven las personas más vulnerables como consecuencia de la crisis de la Covid-19 y para complementar el trabajo que se hace desde ayuntamientos y entidades sociales”, dijo la consejera.
Explicó que “nunca antes el Cabildo había destinado dinero a atender directamente la emergencia social en todos los municipios de la isla. Empezamos a hacerlo el año pasado, con 3,8 millones de euros para los ayuntamientos, y este año reforzamos esta asistencia y alcanzamos los 10 millones porque la situación lo requiere”.
Junto a Nauzet Gugliotta, consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Franquet explicó a los responsables municipales algunos detalles de la convocatoria de ayudas dirigida a los ayuntamientos, que contará con 6,8 millones de euros en total, y que podría estar en funcionamiento en agosto, con el fin de que puedan planificarse y adelantar procedimientos sabiendo de antemano que van a contar con partidas económicas específicas no solo para atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad social, sino también para contratar personal que refuerce la atención en el área social.
La consejera hizo hincapié en varios aspectos relevantes, como la flexibilización de los plazos de ejecución de estas ayudas de emergencia. “Somos conscientes de las dificultades de gestión que tienen muchas corporaciones locales, sobre todo los de menor tamaño, por lo que hemos puesto un plazo de ejecución suficientemente amplio, desde mayo de 2021 hasta mayo de 2023, para que no se quede ni un euro por invertir en la atención a las personas que lo necesitan”.
Por otra parte, destacó la amplitud de elementos, bienes y servicios, que se pueden incluir en las ayudas, con el objetivo de cubrir en lo posible todo el espectro de necesidades que puedan tener las familias o las personas en situación de vulnerabilidad social y que cada municipio pueda adaptar las ayudas a su realidad. Marián Franquet pidió a los responsables municipales que vayan organizándose para poder presentar en plazo sus solicitudes a la convocatoria de subvenciones y evitar así que algún municipio y, en consecuencia, su población, pueda quedarse fuera de las ayudas.
Siete millones de euros para los municipios
De un lado, se habilitarán 3,8 millones de euros para distribuir entre los 31 ayuntamientos y que estos los destinen a paliar las situaciones de necesidad entre la población especialmente vulnerable, atendiendo gastos de alimentación, higiene, bienes y servicios de carácter básico. Franquet destacó que los municipios pueden utilizar hasta el 20% de la financiación que reciban para contratar personal que les permita reforzar su área de atención social, “un aspecto que es especialmente importante para los municipios más pequeños, que tienen menos medios propios para la gestión”.
Además, se habilitarán otros tres millones de euros para ayudas a través de tarjetas sociales prepago y sus recargas o reposiciones económicas. “En concreto, se destinará un millón de euros a nuevas tarjetas y dos millones a la recarga de tarjetas ya existentes. De esta manera, podemos colaborar con aquellos municipios que aún no tienen implantado este sistema, ganamos en eficiencia de los recursos públicos y damos a las personas el trato digno que merecen, evitando en lo posible tener que acudir personalmente a recoger alimentos u otros bienes”, señaló. Esta línea va dirigida a sufragar gastos de alimentación, higiene personal, ropa y calzado, farmacia, utensilios domésticos o mobiliario básico e indispensable para el hogar.
Por último, se concederán, por parte del IASS, 220.000 euros para que los ayuntamientos distribuyan bonos de transporte interurbanos entre su población en situación de vulnerabilidad social. De ellos, 20.000 euros serán para las entidades sociales que trabajan con personas migrantes en situación irregular.
La consejera informó también de los tres millones de euros que se destinarán a las entidades del tercer sector que atienden situaciones de emergencia social entre la población y que contribuyen a la cobertura de necesidades básicas. El área que dirige Nauzet Gugliotta está haciendo un trabajo intenso de diagnóstico para determinar, con datos objetivos, los criterios de distribución de esta partida.
