200.000 millones de euros. La cifra marea. Casi el 20% del PIB. Cuesta imaginarla. Supera con mucho lo que España gasta en un año en pagar todas las pensiones públicas. Pero esa cifra, la cantidad que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pretende movilizar entre fondos públicos, 117.000 millones, y privados, da una idea del golpe que se espera que aseste la crisis sanitaria del coronavirus a la economía española. Un banquero de inversión habla este martes de un impacto equiparable al de un meteorito. “Son días muy duros”, ha argumentado Sánchez cuando ha salido a explicar las medidas que componen el segundo paquete de alivio.
“Son tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias”, ha añadido el presidente, antes de desgranar un paquete que pretende, en primer lugar, “dar a las empresas toda la liquidez que necesiten” con una “línea de avales de hasta 100.000 millones”. “El resto se completará con recursos privados. Será la mayor movilización de recursos de la historia democrática de España”, ha añadido. La liquidez de las empresas es una de las obsesiones que han mareado a los dirigentes de la política económica en la última semana. Basta ver los 300.000 millones que puesto sobre la mesa Alemania, con un PIB tres veces superior al español.
El objetivo es que esta crisis provocada por el coronavirus sea un paréntesis, cuanto más breve mejor, no se lleve por delante a las empresas o, al menos, al menor número posible de ellas. Aunque como el propio Sánchez ha admitido en su comparecencia, hacer pronósticos sobre cuánto va a durar es difícil: “Andamos por un camino plagado de sombras”. Para eso, el Ejecutivo ha aprobado, “probablemente, el mayor que se ha aprobado en la democracia para dar un escudo social al país”.
Esa gran cantidad de dinero se concreta en un real decreto de 45 páginas, según una de las últimas versiones, para evitar la destrucción de tejido productivo y activar medidas de protección social para los colectivos más desfavorecidos. “España recorre un camino plagado de sombras y de incertidumbre”, ha continuado Sánchez en otra frase dirigida al concienciar a la población de la dureza de la situación.
El decreto aprobado incluye una moratoria del pago de hipotecas sobre la vivienda habitual para trabajadores y autónomos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y para los afectados de la Covid-19. La medida está pensada, según explican fuentes gubernamentales, para trabajadores que pierdan su empleo por la crisis desatada por el coronavirus y autónomos que sufran una caída drástica de sus ingresos por la crisis.
Esta sería la medida más destacada y sigue la estela de lo que se aprobó hace ya días en Italia y ayer en Francia. Formaría parte del “escudo social”, la línea de apoyo a familias que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado al comprometerse a aprobar este martes un segundo paquete de medidas económicas en cuatro líneas: agilización de los expedientes de despidos temporales (ERTE), apoyo a los trabajadores y empresas afectados por las caídas de actividad “y a la emergencia económica derivada del coronavirus”, medidas para garantizar la liquidez de las empresas y una última para impulsar la investigación para conseguir la vacuna contra el virus. Esa moratoria tendrá una duración de uno a tres meses, según las fuentes consultadas.
Con la moratoria hipotecaria, pretende proteger a aquellos que queden en situación de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria, pero no es la única para esto. El decreto incluye también la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables. El Consejo de Ministros ha debatido también si ampliar la moratoria a los alquileres, pero de momento no hay acuerdo en ese punto, informan fuentes oficiales.
Líneas de avales de hasta 100.000 millones
Pero hay más. El decreto activa una línea de avales y garantías de 100.000 millones, aunque esa cifra está en discusión hasta el último momento, para evitar que las empresas cierren la persiana por falta de liquidez. El Gobierno también ha aprobado medidas en las otras líneas anunciadas por Sánchez. La principal es la flexibilización de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) que permita el cobro de la prestación por desempleo sin cumplir el requisito de carencia a los afectados por los mismos y sin consumir los derechos de prestación ya acumulados. El texto incluye una exoneración del 100% de las cotizaciones para las pymes que mantengan el empleo, y del 75% para el resto de empresas, pero esas cifras están siempre ligadas al mantenimiento de las plantillas. Y medidas para las cuotas de autónomos que sufran desplome de su cifra de negocio.
Adaptación de las jornadas laborales
La previsión es que permita a los trabajadores la adaptación de su jornada laboral, o reducirla incluso hasta el 100%, cuando su presencia sea necesaria para atender a otra que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, requiera de un cuidado personal y directo «siempre que acrediten deberes de cuidado a personas que requieren de su presencia”. Este derecho sería individual de cada uno de los progenitores.
El objetivo de estas medidas, explica el borrador, es configurar un conjunto de garantías para evitar la aplicación de sanciones por faltas de asistencia de los trabajadores ante la necesidad de atender al cuidado de personas a su cargo.
El texto establece algunas de las medidas que habían demandado sindicatos y empresarios. Una es esa flexibilización de los ERTE y otra el reconocimiento de la prestación de desempleo sin periodos mínimos de cotización ni mengua de derechos acumulados.
Las fuentes consultadas apuntan que ese decreto es un primer paso, para paliar la destrucción de empresas y ayudar a los colectivos más afectados por el coronavirus. Economía prepara, además, una segunda intervención con medidas keynesianas, que se activarán cuando el contagio del virus esté más controlado. Se trata así de activar una intervención en dos fases, según fuentes del Gobierno, ante el alud de despidos y el desplome del PIB en el segundo trimestre del año.
En síntesis, estas son todas las decisiones
Apoyo a las familias más vulnerables por la crisis del virus
+600 millones de euros para servicio sociales con especial atención a personas mayores y dependientes. Se harán transferencias a las comunidades autónomas y entes locales para financiar estas prestaciones esenciales.
+Protección de los suministros básicos (luz, agua y gas). Se garantizarán también los servicios de telecomunicaciones. “Durante el próximo mes los suministradores de energía, gas natural y agua no podrán suspender suministros a aquellos consumidores en los que concurran la condición de consumidor vulnerable o de consumidor en riesgo de exclusión social”.
+Moratoria en el pago de hipotecas para primera vivienda para personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el coronavirus.
Apoyo a trabajadores y autónomos
+Flexibilización de los ERTE: Todas las personas que se vean afectadas por ERTE se beneficiarán de la prestación por desempleo, incluso aquellos que no tengan derecho a ella por no tener el tiempo de cotizaciín suficiente.
+Las prestaciones por desempleo cobradas durante el estado de alarma no computará para el desempleo de después. Es decir, explica la vicepresidencia de Derechos Sociales, esas personas no habrán agotado su prestación por desempleo, y si son despedidos en el futuro, empezarán a cobrarlas desde cero.
+Todos los trabajadores tendrán derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral, incluso hasta el 100%, para cuidar a familiares, mayores o niños ante el cierre de colegios y servicios sociales.
+Las empresas tendrán que fomentar el teletrabajo cuando las circunstancias lo permitan.
+Para los autónomos se suaviza el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad cuando hayan tenido que cerrar sus establecimientos o suspener sus servicios. Afectará a profesionales que vean caer su facturación un 75% en relación con el semestre anteror. Esta prestación será compatible con la exoneración del pago de cuotas.
+Relajación de la regla de gasto para permitir a los Ayuntamientos gastar sus ahorros en servicios sociales, partidas relacionadas con la dependencia, y otro tipo de problemas sociales relacionados con el coronavirus.
+Las empresas no pagarán cuotas a la Seguridad Social, para evitar que despidan trabajadores.
+Se crea una línea de avales de garantías públicas para facilitar liquidez a empresas por importe de 100.000 millones de euros.
+Se crea una línea dotada con 2.000 millones para las empresas exportadoras.
+Se aprueba un programas de apoyo a la digitalización de las pymes y planes de I+D para fomentar el teletrabajo.
+Apoyo a la investigación para hallar una vacuna
+Medidas para apoyar la investigación científica en la búsqueda de una vacuna
+Investigación: 30 millones de euros para el CSIC y al Instituto de Salud Carlos III.
Fuente: El País
