El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo canario, José Miguel Barragán, anunció este lunes que el Consejo de Gobierno aprobó cubrir las necesidades que resulten urgentes e inaplazables de los puestos de trabajo, funciones o categorías profesionales, o en su caso, de centros directivos, cuyo desempeño así lo requieran con el objetivo de poder prestar un mejor servicio a la ciudadanía canaria a través de la eventual contratación excepcional de personal laboral temporal y nombramiento de funcionarios interinos.
Si bien en la actualidad se está procediendo a la ejecución de las pruebas selectivas de las Ofertas de Empleo Público vigentes, que abarcan diversos cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario de carrera, y se están implementando otras medidas que frenan la pérdida de efectivos acontecida en los últimos años como consecuencia de las restricciones presupuestarias, tales procesos requieren un tiempo de ejecución y resolución lo que exige, por tanto, adoptar medidas excepcionales y transitorias que garanticen la cobertura de los servicios públicos, explicó Barragán.
En consecuencia, el Gobierno aprobó la declaración con carácter de prioritario de determinados sectores y puestos de trabajo en los ámbitos de la Consejería de Hacienda (la Dirección General de Patrimonio y Contratación); la Consejería de Obras Públicas y Transportes (la Dirección General de Transportes); la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, a excepción de los puestos de apoyo a los órganos judiciales y fiscales, ya declarados prioritarios por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018); la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (el Servicio de Gestión de Políticas Sociales de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración); la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (el Servicio de Sanidad Animal y Laboratorio de la Dirección General de Ganadería, así como los puestos de trabajo adscritos a la citada Dirección General, y a las Direcciones Generales Agricultura y de Pesca y a la Secretaría General Técnica); la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento (el Servicio de Procedimiento y Arbitraje de la Dirección General de Comercio y Consumo); la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes (la Dirección General de Infraestructuras Turísticas); el Instituto Canario de Igualdad (todas sus unidades administrativas, a excepción del Servicio de Coordinación del Sistema Integral contra la Violencia de Género, ya declarado como sector prioritario), y en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (según la relación).
En detalle, este acuerdo permitirá la Dirección General de Patrimonio y Contratación supla la falta de personal a fin de poder llevar a cabo sus funciones, especialmente en la Oficina Técnica de la misma ya que está abordando actuaciones prioritarias que deben ver su continuidad en los próximos años para las cuales no cuenta con personal suficiente ni cualificado (como la implantación y desarrollo de la Plataforma del Sector Público para su integración para la licitación electrónica, el Gestor de expedientes electrónico en sistema SAP; informes que se sometan a la Junta Consultiva con ocasión de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos; la coordinación, supervisión de la gestión de la formalización y actualización del Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma; funciones relativas a las Empresas Públicas, el Parque móvil de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre otras).
Por otra parte, se ha puesto de manifiesto también que la actual dimensión de los efectivos disponibles en la Dirección General de Transportes no puede garantizar en un horizonte de medio plazo el correcto ejercicio de sus competencias en sus tres modalidades, que son el transporte marítimo, el transporte terrestre y el transporte aéreo. Debe tenerse en cuenta, además, que la actividad de transporte en una Comunidad Autónoma de carácter insular, que es el caso de Canarias, cobra una especial relevancia para la economía del Archipiélago, además de los compromisos formales adquiridos en este ámbito por el Gobierno de Canarias con otras Administraciones Públicas.
Además, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia tiene atribuidas, entre otras competencias, la gestión administrativa derivada del derecho de la ciudadanía a la asistencia jurídica gratuita, la ejecución de programas, directrices e instrumentos para la modernización de la justicia, así como para la implantación de las comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia y el expediente judicial electrónico, en coordinación con la Dirección General competente en materia de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, la elaboración de los proyectos, propuestas, manuales, protocolos y guías para la creación, organización e implantación de la Oficina Judicial y Fiscal, competencias que en materia de personal al servicio de los órganos fiscales y judiciales de la Administración de Justicia corresponden a la Comunidad Autónoma, incluido el personal de apoyo a los mismos.
Sin embargo, gran parte de sus puestos de trabajo se encuentran sin cubrir, correspondientes a jefaturas de Servicio, Sección y Negociado. Dentro de la Dirección General hay puestos de apoyo a órganos judiciales y fiscales (ya declarados prioritarios por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018), así como, puestos que, si bien no tienen esta denominación de apoyo a tales órganos, sin embargo, realizan tareas de apoyo a los mismos. Por tanto, resulta imprescindible la declaración de esta Dirección General como sector prioritario para garantizar el propio funcionamiento de esta Administración.
Asimismo, la situación real de efectivos disponibles en la actualidad en la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración competente, entre otras materias, en inmigración, atención a refugiados y atención a personas mayores válidas o no dependientes, resulta necesario de forma excepcional y transitoria permitir la cobertura, mediante vínculo jurídico temporal, de los puestos de trabajo adscritos en la Relación de Puestos de Trabajo al Servicio de Gestión de Políticas Sociales de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración.
En el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, se trata de funciones indisponibles para la Administración Pública o, en su caso, que prestan un apoyo esencial a tales funciones públicas y, por tanto, afectan a su normal funcionamiento, siendo significativo que las competencias ejercidas por ese Departamento son una pieza clave en el sector primario de la economía Canaria, por lo que se identifican necesidades de urgencia inaplazable en los ámbitos de sus Direcciones Generales de Agricultura, de Ganadería y de Pesca y de su Secretaría General Técnica.
En el área de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, se precisa el reforzamiento de las funciones que en materia de arbitraje de consumo se realizan a través del Servicio de Procedimiento y Arbitraje de la Dirección General de Comercio y Consumo, que da soporte a su vez a la Junta Arbitral del Consumo.
En cuanto a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, es necesario reforzar el personal que se encarga, entre otras materias, de la emisión de informes previos de los Planes Insulares de Ordenación e instrumentos de ordenación y planeamiento que contengan determinaciones turísticas, así como de informes sobre los planes, programas y medidas dirigidos a la rehabilitación de la planta alojativa turística, el fomento de actuaciones insulares y municipales tendentes a la dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios turísticos.
Respecto al Instituto Canario de Igualdad, si bien ya fue declarado sector prioritario la unidad administrativa competente en materia de atención integral a las víctimas de violencia de género, la insuficiencia de recursos humanos ha puesto de manifiesto la necesidad de declarar como sector prioritario el resto de los servicios de este Organismo Público, por cuanto se hace necesario para garantizar la instrucción y resolución de los procedimientos de ayudas en materia de igualdad y de violencia de género así como los procesos de planificación que se llevan a cabo.
Finalmente, respecto al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, se hace necesario completar el catálogo de puestos de trabajo que ya han sido declarados de carácter prioritario, a fin de garantizar la correcta prestación de las competencias que tiene asignadas en materia del sector primario de la economía.
