El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria, un objetivo legislativo de este mandato mediante el que se pretende generar un marco unificado para garantizar la calidad de los productos agroalimentarios en las Islas. El documento será ahora remitido al Consejo Consultivo para su análisis, con el objetivo de que pueda empezar su debate parlamentario antes del mes de agosto.
La redacción de esta Ley tiene su justificación en la necesidad de generar un espacio normativo unificado que mitigue la dispersión del régimen jurídico actual y establecer mecanismos de coordinación entre los organismo correspondientes que actualmente controlan este tipo de alimentos. Existe además un vacío local en cuanto a infracciones y sanciones tanto para los operadores, como agentes de comercialización, como para los órganos de gestión y entidades de control y certificación.
Así, este anteproyecto regula determinadas menciones de etiquetado de productos agroalimentarios no contempladas actualmente, cuestión demandada por el sector productivo, como la de artesanía agroalimentaria, vino de finca o parcela, vino de frutas o la de algunos productos agroalimentarios tradicionales de Canarias. Este tipo de menciones promueven la competitividad del sector primario y van en la línea de apostar por la calidad de los productos, que mediante ese etiquetado pueda identificarse con claridad para el consumidor.
El anteproyecto de Ley contempla la creación del Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria que desarrollará esa política de coordinación entre los distintos departamentos competentes en materia de calidad agroalimentaria, sanidad y consumo. Este Consejo obedece además a una demanda de los grupos políticos como respuesta a la existencia de determinados fraudes detectados en las Islas y que requieren de una la coordinación más efectiva en el control de la cadena alimentaria. Otro de los objetivos de esta Ley es simplificar administrativamente algunos trámites, como por ejemplo el de acceso a la actividad de producción ecológica.
En resumen, el documento establece una serie de obligaciones de carácter general para los operadores alimentarios, para asegurar la trazabilidad de los productos que entran o se producen en las Islas, pero también adapta ese nivel de exigencia a aquellos con producciones reducidas, destino cercano o poca complejidad, para evitar que las exigencias generales en todo su rigor supongan un hándicap en su capacidad de competencia.
