Canarias ha pasado de tener a 23 personas mayores o/y con discapacidad tuteladas por el Ejecutivo autónomo en 2016, a 139 en la actualidad y 39 más pendientes de resolución judicial. Los datos fueron dados a conocer por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, en el marco de la jornada “Un entorno seguro para un futuro mejor”, organizada por Aequitas-Fundación tutelar Canaria Adepsi, que se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.
En su intervención, Valido aclaró que el Gobierno está inmerso en el desarrollo de un Consejo Tutelar que será el órgano encargado para gestionar y definir el modelo de tutelaje de personas mayores y/o con discapacidad. Para ello, se han celebrado ya dos reuniones de una comisión técnica en la que participan la Fecai, la Fecam, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, el Servicio Canario de Salud (SCS), una representación de los jueces y los fiscales.
“El objetivo es definir y depurar el modelo de atención a las personas mayores y personas con discapacidad y generar protocolos de actuación para establecer el procedimiento que rige este proceso administrativo”, aclaró Valido, quien matizó que mientras la tutela estuviera ostentada por el Ejecutivo, las guardas podrían ser responsabilidad de los cabildos o a través de fundaciones tanto públicas como privadas.
En este sentido, recordó que el Gobierno de Canarias, a través de la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado, dependiente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ostenta la tutela de las personas que por diversas cuestiones han sido declaradas como incapacitadas por medio de una resolución judicial, pero que la detección e informe social para la valoración de la posible incapacidad del ciudadano corresponde a los servicios sociales municipales “que son quienes están a pie de calle y en el día a día de su municipio”.
Valido apuntó que la futura Ley de Servicios Sociales contempla la creación de una comisión interadministrativa – con participación de los departamentos de Dependencia y Discapacidad, de Políticas Sociales, el Servicio Canario de Salud, Fecam, Fecai, y representación del ámbito judicial y de fiscalía- que será la encargada de regular el sistema tutelar en Canarias, derogando a la vigente Comisión Tutelar.
Según explicó la consejera, “al aceptar el cargo de tutor de estas personas, se asume con ello la responsabilidad de actuar velando por los intereses de dichos tutelados, por lo que se asume su protección, gestionando no sólo su día a día en todos los aspectos, sino también su patrimonio, ofreciéndoles la mejor calidad de vida”.
La realidad de estos tutelados varía según el perfil de edad, patologías médicas y, evidentemente, sus circunstancias sociales y personales. De esta forma, hay tutelados con deterioro cognitivo, en algunos casos con impedimento físico, que son los más frecuentes, pero existen otros que no tienen impedimento físico, pero están aquejados de patología mental, como la esquizofrenia, que en algunos casos va acompañada de consumo de estupefacientes y otras adiciones.
