El Consejo de Gobierno de Canarias acordó este jueves informar al Gobierno del Estado de la situación actual, a fecha de hoy, de los procedimientos de infracción en trámite que afectan a la Comunidad Autónoma de Canarias por incumplimiento de directivas comunitarias. Dichos procedimientos se clasifican en cuatro secciones según sea su estado de tramitación.
Así, la Sección I corresponde a los expedientes de infracción en fase contenciosa, que incluye aquellos en los que la Comisión, tras finalizar la fase administrativa sin una solución o acuerdo, ha demandado al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y aquellos en los que ya ha recaído sentencia y se ha instado a su cumplimiento.
La Sección II incluye los expedientes en fase administrativa; es decir, aquellos expedientes abiertos desde el inicio del procedimiento de infracción, a través de carta de emplazamiento, hasta su conclusión con el dictamen motivado de la Comisión.
La Sección III tiene que ver con los expedientes y actuaciones de la Comisión para el control de las ayudas de Estado que considera ilegales.
Y la Sección IV, denominada expedientes piloto de la UE, está relacionada con el procedimiento previo a la incoación de un expediente de infracción para dar una solución rápida a problemas de incumplimiento de la normativa UE. A efectos informativos, se incluyen todos los pilotos iniciados desde enero de 2014, estén o no cerrados y tengan o no requerimientos pendientes de cumplir por la Comunidad Autónoma.
En la primera sección figuran cinco expedientes de infracción relacionados con el incumplimiento de diferentes directivas comunitarias sobre la gestión del medio ambiente. El primero y más importante, pues lleva aparejada una sanción de 10,3 millones de euros, es sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en el Valle de Güímar, en Tenerife. En principio, el Estado hará frente al pago de la multa, si bien su importe podría ser repercutido entre las administraciones públicas responsables.
No obstante, el último de los trámites de este procedimiento del que se tiene conocimiento es la declaración de caducidad dictada por la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, mediante resolución del día 4 del corriente mes de septiembre, al no haberse dictado la resolución pertinente en el plazo legalmente establecido (el procedimiento se inició el 2 de diciembre de 2018). En cualquier caso, las obras para dar cumplimiento a la sentencia del TJUE se encuentran muy avanzadas, estimándose la fecha de finalización en octubre de 2020.
El segundo expediente está relacionado con la gestión de residuos y vertederos ilegales. De los 32 vertederos afectados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 30 han sido clausurados y sellados. Siguen ejecutándose las obras en los dos vertederos restantes, el del Faro de la Orchilla (El Hierro) y el de Las Rosas (Güímar-Tenerife), cuya finalización está prevista para diciembre de 2019.
El tercer expediente, relativo a la evaluación y gestión del riesgo de inundación, el recurso se halla actualmente en la fase de dúplica; esto es, la respuesta a la réplica de la Comisión. La Abogacía del Estado ha solicitado el envío de la información oportuna para preparar esta respuesta antes del próximo 14 de octubre.
El cuarto se refiere a la revisión y actualización de los planes hidrológicos. A este respecto, el TJUE fijó la fecha de lectura de la sentencia precisamente ayer jueves, y ya se sabe que es condenatoria.
Y por último, el quinto expediente en fase contenciosa es por no haber adoptado planes de gestión de residuos o no haber revisado dichos planes. En este sentido, la entonces Viceconsejería de Medio Ambiente completó la redacción del Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan) durante 2018 e inició su tramitación a comienzos de 2019 con la previsión de tenerlo aprobado en el primer semestre de este año, plazo que ha sido revisado para retrasarlo hasta finales de 2019. Recibidas las conclusiones de la Abogado General del Tribunal de Justicia, en éstas se plantean como primera propuesta al tribunal y siguiendo lo solicitado por el Estado que no admita el recurso contra el Reino de España, con imposición de costas a la Comisión Europea.
Los expedientes en fase administrativa (Sección II) están relacionados con el incumplimiento de la directiva sobre aves de protección, en concreto de la tórtola común; la aplicación de la directiva sobre nitratos y el reconocimiento profesional de los guías turísticos.
En la Sección III -Ayudas de Estado- y en la Sección IV -expedientes pilotos de la UE- no hay ninguna referencia significativa a Canarias.
