El viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, y el comisionado de Inclusión Social y Lucha Contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, Santiago Rodríguez, presentaron este viernes las jornadas que se celebrarán en todas las islas durante este mes para impulsar la contratación por parte de las administraciones públicas de los servicios que ofrecen los centros especiales de empleo y las empresas de inserción.
Tal y como resaltó el comisionado, “con estas primeras jornadas pretendemos impulsar una contratación pública más social y responsable como una herramienta para luchar contra la exclusión social en Canarias”.
Por su parte, el viceconsejero de Políticas Sociales puso el acento en la importante labor que desarrollan estas entidades en las Islas y aseguró que son “un modelo de economía social y solidaria, de eficacia reconocida para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social”. Candil recordó que en la actualidad en Canarias hay 58 centros especiales de empleo y 12 empresas de inserción que el Gobierno apoya económicamente a través de las diferentes convocatorias del Servicio Canario de Empleo (SCE) y que facilitan un puesto de trabajo y el acompañamiento de personal especializado “a muchas personas que en el mercado ordinario no encuentran una oportunidad”.
En estas primeras jornadas que el Gobierno de Canarias organiza en colaboración con las asociaciones canarias de Centros Especiales de Empleo (ACEE) y de Empresas de Inserción (ADEICAN) y en las que también colabora la Universidad de La Laguna, el Gobierno de Canarias informará al personal técnico, responsables de Contratación de los municipios, de cuáles son las condiciones que la Ley de Contratos de la Administración Pública ofrece a los ayuntamientos para la contratación de personal adscrito a los Centros Especiales de Empleo de carácter social y Empresas de Inserción.
La presidenta de la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo, Vidina Cabrera, expuso que los CEE dan trabajo a unas 2.000 personas en la actualidad de las que el 70% son personas con discapacidad. “Con esta jornada -manifestó- conseguimos que el principal contratador, la administración pública, se sume al carro y ayuda a la empleabilidad de las personas con discapacidad”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción (Adeicán), Eugenia de León, agradeció al Gobierno la celebración de estas jornadas “que ayudan a visibilizar el trabajo que realizamos las empresas de inserción a través de producción de bienes y servicios y que tiene como finalidad la inclusión en el mercado de trabajo hacia empresas convencionales y proyectos de autoempleo”. De León expuso que esta labor la realizan a través de itinerarios personalizados de inserción en los que las personas usuarias pueden estar de 6 meses a tres años a la vez que se les proporciona un trabajo remunerado.
Asimismo, el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de La Laguna, experto en contratación pública responsable, Javier Mendoza, que será ponente en las jornadas aseguró que en ellas se les explicará a los técnicos municipales “cómo implementar los contratos reservados y que, además de cumplir la ley, sirvan como instrumento para promover el empleo de las personas en riesgo de exclusión a través de las licitaciones públicas”.
