El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este jueves las directrices generales para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del próximo año y los objetivos generales de la acción de gobierno hasta el año 2023, en sintonía con el contenido del pacto suscrito por las cuatro fuerzas políticas que integran el Ejecutivo.
El acuerdo adoptado señala que los Presupuestos han de estar sujetos al precepto constitucional de estabilidad presupuestaria, si bien aboga por una modificación de este, especialmente en la regla de gasto, que está produciendo restricciones presupuestarias e impide que un eventual superávit pueda dedicarse a financiar servicios públicos o políticas sociales.
En concreto, las directrices recogen, entre otras medidas, la aprobación de la Ley para implantar la renta de ciudadanía que establece el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que se aplicará de forma progresiva. Hasta entonces se ampliarán los objetivos y los beneficiarios de la vigente Prestación Canaria de Inserción (PCI) y otros instrumentos para atender a las personas en situación de pobreza contando con la financiación adecuada.
Del mismo modo, se iniciarán las medidas del Plan Integral de Vivienda pública 2019-2023 para ofertar alquileres sociales a las personas y familias que su situación económica lo demande, y el inicio de la aplicación de la nueva Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, incluyendo los compromisos presupuestarios anuales que define esta Ley.
Las directrices abogan también por el refuerzo de la financiación de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y dependencia; el fomento de la generación de empleo; el impulso de la actividad económica compatible con la sostenibilidad ambiental y la necesaria transición ecológica.
Los Presupuestos atenderán también a la financiación de la I+D+i y a la puesta en marcha de medidas de lucha contra la crisis climática, entre ellas la expansión de las energías renovables, el fomento de la movilidad sostenible, la reducción y reutilización de residuos y drástica reducción del uso de los plásticos; el impulso del ahorro de agua, tratamiento de aguas residuales y su reutilización, acabar con vertidos al mar sin depurar.
Otra directriz hace referencia a la necesidad de dotar financieramente a las acciones y recursos a favor de la igualdad de género y de lucha contra la violencia machista.
Contexto macroeconómico
El acuerdo del Consejo del Gobierno que preside Ángel Víctor Torres incluye también un análisis macroeconómico y señala que Canarias se sigue enfrentando a factores limitativos del crecimiento, algunos de ellos externos, como los efectos del Brexit, las posibles correcciones en los mercados de divisas y una mayor intensidad del proteccionismo en el comercio internacional y en particular por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
En clave interna, el documento señala que algunos de los factores que en los últimos años han contribuido a la aceleración de la actividad económica en las Islas van a continuar difuminándose en mayor o menor medida. Es el caso del turismo que, a pesar del ser el sector que mayor aportación va a seguir realizando al PIB, enfrenta una reducción de la llegada de turistas extranjeros. Esto se debe fundamentalmente a la recuperación de algunos destinos competidores del Mediterráneo, en particular Turquía y Egipto, así como al efecto base de los últimos años excepcionales, con unas cifras de visitantes y de ocupación muy altos.
Por lo que respecta al mercado de trabajo, aunque continuará con su mejoría, se irá moderando de forma gradual con lo que proseguirá en unas cifras de paro elevadas y seguirá limitando una mayor expansión del consumo y de la inversión de los hogares.
De esta forma, tras un crecimiento del PIB de Canarias en 2018 del 2,4%, las previsiones apuntan hacia un aumento del 1,9% en 2019 y del 1,8% en 2020.
