El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, anunció este miércoles en el Parlamento que el Ejecutivo transferirá este año a los Cabildos 112 millones de euros con cargo al Fondo de Desarrollo de canarias (Fdcan), lo que supone un incremento de 52 millones sobre la cantidad acordada previamente con las corporaciones insulares.
Rodriguez señaló que, a pesar de que los Cabildos mostraron su conformidad el pasado 22 de noviembre con la propuesta de reprogramación planteada por el Ejecutivo para percibir este mismo año 60 millones de euros, se ha convenido finalmente una asignación mayor.
Esta modificación obedece al proceso de diálogo entablado por el propio Ejecutivo con los cabildos insulares de manera individual en las dos últimas semanas para afinar las cuantías en función de sus necesidades y se sustenta en los datos de ejecución del programa y en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El vicepresidente, que compareció en la comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda, señaló que de esta manera el Gobierno casi duplicará la asignación que se planteó inicialmente, con lo que la eventual merma de ingresos de los Cabildos con respecto al decreto original del Fdcan (160 millones por año) queda por debajo de los 50 millones.
Rodríguez recordó que el actual Gobierno ha optado por mantener este instrumento, aun sin estar de acuerdo con su orientación inicial, para no entorpecer los proyectos iniciados por los Cabildos.
En esta línea, el vicepresidente expresó la voluntad política del Gobierno de admitir las peticiones formuladas por seis de los siete Cabildos para ampliar el plazo de justificación de los fondos de 2018 “siempre que lo permitan los servicios jurídicos” y evitar así que las corporaciones insulares tengan de devolver las cantidades no ejecutadas, tal y como prevé la norma.
“Queremos dar facilidades a los Cabildos para que puedan ejecutar esos fondos y desarrollar los proyectos, porque comprendemos las dificultades a las que se han debido enfrentar en los últimos años”, indicó.
En relación a la reprogramación anual de las cantidades, el vicepresidente subrayó que los 80 millones que se quedará el Gobierno el próximo año -de un total de 160 millones- se destinará a la educación, la sanidad y la lucha contra la exclusión social.
Convenio de carreteras
Por otra parte, y a una pregunta del Grupo Nacionalista Canario sobre la deuda del Estado en materia de carreteras, Rodríguez insistió en que el Gobierno peleará por los 900 millones de euros pendientes.
De esta cantidad, 500 millones se corresponden al pago de obras licitadas y en ejecución que el Estado no abonó en su momento y otros 400 millones al de obras conveniadas y no ejecutadas.
“Este Gobierno ha dicho que no renunciará a esas cantidades, ni tampoco a los 60 millones pendientes de los 101 millones correspondientes al convenio de 2017”, dijo Rodríguez.
En relación a los 500 millones y que el Estado ha computado al superávit de la Comunidad Autónoma -congelando en la práctica su disposición- el vicepresidente señaló que la situación solo se resolvería cuando haya un gobierno estable en el Estado “y no sin dificultades”.
A su juicio, sólo de esa manera se podrá negociar una flexibilización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en determinados aspectos que permitiera utilizar esas cantidades para gasto o, incluso, negociar una excepción a la citada ley.
Rodríguez también dio cuenta de la recaudación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Canarias en los últimos años, que ha experimentado una reducción de 50 millones de euros desde el año 2015, precisamente en coincidencia con la aplicación de las bonificaciones aprobadas por el anterior Gobierno.
“Este dato vuelve a demostrar que el mantra liberal de que bajando los impuestos crece la recaudación no es cierto y que, además, las renuncias a las herencias tampoco han disminuido”, indicó.
El vicepresidente defendió la revisión fiscal prevista para el próximo año en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que permitirá incrementar la recaudación en 18 millones de euros, sin afectar al 96 por ciento de los canarios.