El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, puso este viernes en valor la utilidad política, institucional y social del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado hace un año en un escenario no exento de tendencias recentralizadoras.
Rodríguez, que participó en un seminario sobre el Estatuto organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, recordó que “pese a las corrientes contrarias al reconocimiento de la diversidad territorial española, el nuevo Estatuto consiguió amplia mayoría en Parlamento canario y Cortes”.
En su opinión, la reforma aprobada hace un año “nos coloca en un nivel relevante de autogobierno para mejorar la vida de la gente con transferencia de nuevas competencias y el desarrollo de derechos ya existentes.
A este respecto, explicó que el nuevo Estatuto es prolijo en la definición de derechos y deberes de los canarios y que, además, ahonda en el concepto de descentralización “gracias al que hemos vivido desde 1982 un progreso histórico e inédito en los servicios públicos básicos”.
Rodríguez puso como ejemplo de ese desarrollo la sanidad, “en la que hemos pasado de las casas de socorro a los grandes hospitales y centros de salud, del pañuelo por la ventanilla del coche a ambulancias y helicópteros medicalizados”, o la educación, “pasando de los colegios en ruinas a los centros actuales, que, por supuesto, aún hay que seguir mejorando”.
Del mismo modo, el vicepresidente destacó el desarrollo de derechos como la renta ciudadana y la protección de los animales y la elevación de categoría de otros, como la muerte digna.
El nuevo Estatuto también coloca a Canarias en disposición de dar un salto democrático importante, gracias a La reforma electoral, que habrá de desarrollarse en un plazo de tres años; la posibilidad de emitir decretos leyes y decretos legislativos La disolución anticipada del Parlamento canario; el final de los aforamientos para los parlamentarios autonómicos o la mejor definición de los procesos de participación en iniciativas legislativas.
En la esfera institucional, Rodríguez subrayó que la norma consagra la reafirmación europeísta de Canarias con estatus diferenciado como RUP; determina las aguas territoriales del Archipiélago como parte de la Comunidad o considera a La Graciosa como octava isla.
El vicepresidente también se refirió a los aspectos económicos, como la desvinculación del REF de la financiación autonómica o el traspaso de nuevas competencias, relacionadas, por ejemplo, con la tutela financiera de las corporaciones locales, prisiones o seguridad privada.
Rodriguez calificó de paso histórico el dado en 1982 para la aprobación del primer Estatuto e introducir el concepto de autonomía más allá del de isla y destacó que la capacidad de autoorganización y autogobierno se ha demostrado como fundamental para el beneficio general.
