La Consejería de Presidencia persigue actualizar el marco normativo de la transparencia en el ámbito del sector público y propiciar una mayor implicación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas
El Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Canarias ha acordado hoy lunes iniciar el procedimiento de elaboración del proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, una vez tomado en consideración el informe presentado por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, sobre la oportunidad de la iniciativa legislativa, sus objetivos y los principios que la inspiran. El proyecto de ley persigue actualizar el marco normativo de la transparencia en el ámbito del sector público y propiciar una mayor implicación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas.
El informe incluye también la propuesta de efectuar una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la iniciativa legislativa.
La tramitación la realiza la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, con el objetivo contar con una nueva regulación de la transparencia, del derecho de acceso a la información pública y de la participación ciudadana en la Comunidad Autónoma de Canarias, que actualice la legislación vigente en ambas materias. En concreto, la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana y la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
La propuesta tiene en cuenta la madurez del autogobierno de la Comunidad Autónoma y la experiencia administrativa adquirida durante más de una década para plantear la necesidad de revisar y a reflexionar sobre la idoneidad de dichas regulaciones legales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Esta respuesta normativa, siguiendo el modelo existente en otras Comunidades Autónomas, refleja el cumplimiento del principio de simplificación normativa y facilita a las personas destinatarias de la norma conocer la interrelación entre la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana.
Entre los fines principales del proyecto de ley figura la regulación de las obligaciones de transparencia de las Administraciones Públicas de Canarias, las entidades que conforman su sector público, así como de otros sujetos; la ordenación más exhaustiva del derecho de acceso a la información pública y del derecho de participación ciudadana y, por último, la reglamentación de los grupos de interés, como sujetos que participan en la configuración de las políticas públicas.
