Fuente: Agencia EFE
El Boletín Oficial del Estado publicó este martes la ley orgánica del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, el primero de España que elimina el aforamiento para los diputados del Parlamento autonómico y los miembros del Gobierno.
Este detalle puede tener efectos prácticos en cuestión de días, porque la reforma del Estatuto de Canarias, cuya última versión databa de 1996, ha coincidido en el tiempo con la instrucción del llamado «caso Grúas», una causa sobre presuntas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) mientras su alcalde era el actual presidente de la comunidad, Fernando Clavijo.
Los denunciantes del caso sostienen que Clavijo pudo cometer varios delitos en la gestión del servicio municipal de recogida de vehículos de La Laguna, lo que ha llevado a que el asunto, tras un primer archivo, se encuentre sobre la mesa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el único órgano con competencias para investigar o juzgar al presidente de la comunidad, hasta ahora.
El caso dio un giro la semana pasada tras algunos meses estancado en el TSJC sin que se tomase una decisión, porque el propio Clavijo se dirigió a la Sala de lo Penal para pedirle que requiriese a la Fiscalía que aclare si estima que existen indicios para imputarle a él algún tipo de hecho delictivo en el caso que, en su opinión, se basa en falsedades y debe ser sobreseído.
Clavijo apeló en su petición, entre otros, a este argumento: la inmediata entrada en vigor del nuevo Estatuto de Canarias, que iba a hacer desaparecer los aforamientos en las islas, con lo que el caso Grúas debería regresar a los juzgados de Instrucción de La Laguna.
El nuevo Estatuto que ayer entró en vigor contiene más novedades: eleva el rango de protección de las medidas recogidas en el Régimen Económico y Fiscal (REF), mejora su posición al negociar la financiación autonómica, convierte a Canarias en la primera autonomía cuyo territorio también incluye el mar que circunda sus costas y reforma el sistema electoral en las islas.
En una disposición adicional, el Estatuto baja los porcentajes mínimos que debe obtener una candidatura para entrar en el Parlamento de Canarias y acaba con décadas de vigencia de la «triple paridad» (la regla por la cual los 60 diputados se repartían de forma que Tenerife tenía los mismos que Gran Canaria, la provincia de Santa Cruz los mismos que los de Las Palmas y la suma de las islas no capitalinas los mismos que Tenerife y Gran Canaria).
El Parlamento canario pasará en 2019 a tener 70 diputados, uno asignado a Fuerteventura en reconocimiento a su aumento de población y nueve incluidos en una «lista regional» de nueva creación que se elegirán en una circunscripción común a todas las islas.
