Denunciaron la desprotección legal y las “malas condiciones” sanitarias que está viviendo el colectivo. Rafael Yanes se comprometió a trasladar las quejas al Defensor del Pueblo para su investigación
El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes (por videoconferencia), se han reunido recientemente con los portavoces de la Asamblea de Apoyo de Personas Migrantes de Tenerife, Esperanza Martínez, Héctor Hernández, William Ramos y Judit Correa, así como con tres personas migrantes que dieron su testimonio sobre lo que calificaron de “vulneración de sus derechos humanos”.
Los representantes de la Asamblea denunciaron la desprotección jurídica del colectivo, las condiciones inadecuadas en el campamento de acogida a migrantes de Las Raíces, la “deficiente” asistencia sanitaria proporcionada y el tratamiento que reciben estas personas por parte de los cuerpos de seguridad.
Señalaron como “urgente” la necesidad de regular su asistencia legal y afirmaron que “a pesar de que tienen asignados a su llegada un abogado, son pocos los que conocen el nombre de su letrado”, así como los procedimientos que se inician en relación a su situación en el país.
De esta forma, pusieron de relieve la falta de información y comunicación que lleva a estas personas a sentirse desamparadas, por lo que reclamaron apoyo al colectivo para darles “las herramientas necesarias que les permitan entender qué está pasando y cuál es su situación”, tal y como afirmaron los portavoces.
También puntualizaron las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones del campamento de Las Raíces, y aseguraron deficiencias como la falta de agua caliente. Además, informaron sobre una mala asistencia sanitaria y una falta de provisión de medicamentos que “en muchas ocasiones hemos pagado nosotros mismos de nuestro propio bolsillo”, aseguró uno de los representantes de la Asamblea.
Al finalizar la reunión, pusieron una queja en la Diputación del Común por cada uno de los motivos tratados durante el encuentro.
El Diputado del Común se comprometió a hacer llegar estas quejas al Defensor del Pueblo al que, por competencia, le corresponde tratar estas reclamaciones y elevarlas al Gobierno del Estado.