Rafael Yanes dirige un escrito a los defensores del pueblo autonómicos. Argumenta que el sistema de tutela y protección canario está desbordado por la afluencia masiva de menores extranjeros no acompañados
El Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes, se ha puesto en contacto con las diferentes defensorías del pueblo de las comunidades autónomas de España para pedir cooperación y colaboración en la asunción de la tutela y custodia de menores extranjeros no acompañados que, actualmente, se encuentran bajo el sistema de acogida y protección de Canarias.
Las islas están siendo el lugar de llegada irregular de muchas personas provenientes del continente africano. La insularidad, aislamiento o el reducido tamaño del territorio y posición geoestratégica están haciendo que este fenómeno migratorio tenga una especial incidencia en el Archipiélago.
Mediante un escrito, la Diputación del Común ha informado a las distintas comunidades autónomas que, en el año 2020 de las 23.023 personas llegadas a las costas canarias, 2.776 fueron menores extranjeros. Un número que se ha casi quintuplicado dentro del sistema de protección en el último año.
De esta forma, el Diputado del Común, haciéndose eco del informe publicado por el Defensor del Pueblo sobre migración en Canarias, insiste en que no es razonable que los servicios de protección canarios asuman en solitario la acogida de los menores extranjeros no acompañados, por lo que solicita la ejecución de un plan estratégico para la integración de estos menores impulsado por la Administración General del Estado.
Yanes asegura que la Institución está comprometida “con la protección de los derechos y la atención a los menores de edad que, siendo nacionales de otros países o apátridas, llegan a nuestro territorio sin estar acompañados por personas adultas responsables y sin referentes familiares”. Sin embargo, reconoce que el fenómeno migratorio en las islas está suponiendo un reto para la Comunidad Autónoma y un gran esfuerzo por parte de las distintas administraciones para ofrecer a estos niños y niñas la atención inmediata que precisan.
Así, el sistema de tutela y protección canario se ha visto desbordado por la afluencia masiva de estos menores, para cuya atención y protección integral no se dispone de recursos materiales y personales suficientes, ni para garantizarles el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios y prestaciones sociales básicos en las mismas condiciones que los menores nacionales.
