El consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife, Miguel Ángel Pérez, se reunió, recientemente con representantes de los 31 municipios de la Isla para abordar la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, y el papel que las diferentes administraciones en esta materia. Salieron a relucir tres cuestiones: el Plan Insular de Ordenación del Territorio, las ordenanzas en suelo rústico y la puesta en marcha de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife.
Miguel Ángel Pérez comunicó a los representantes municipales la necesidad de analizar la adecuación del Plan Insular de Ordenación del Territorio a la nueva Ley. De igual modo, indicó que “con esta nueva normativa debemos aprobar una ordenanza de homogenización de usos en suelo rústico, y los ayuntamientos tiene que colaborar en la redacción de las mismas, para intentar que todos y cada una de las localidades tengan los mismos conceptos de uso para el suelo rústico”.
En el transcurso de la reunión, el consejero insular puso en conocimiento de los presentes la puesta en marcha de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife. Se trata de un órgano previsto en la nueva Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, cuya constitución y regulación fueron aprobadas por el Pleno del Cabildo.
En este sentido, Miguel Ángel Pérez informó de que la Corporación insular ha sido la primera en poner en marcha este organismo, “incluso antes de que el Gobierno de Canarias desarrolle su propio reglamento”. Hizo especial hincapié en que “se trata de una comisión técnica que arranca con nueve funcionarios del Cabildo de reconocida competencia profesional y con formación especializada en la materia bajo la presidencia del ex secretario insular, José Antonio Duque. Tiene un carácter estrictamente técnico y no político para evitar cualquier interferencia o conflicto de intereses”.
Esta nueva entidad será la encargada de emitir la evaluación ambiental correspondiente de los expedientes de planes, programas y proyectos de competencia insular con el fin de garantizar la coherencia del territorio y la protección del paisaje de Tenerife. Así, la nueva Ley permite que los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna puedan tener su propio órgano ambiental mientras que los 29 municipios restantes de la Isla podrán elegir entre este nuevo organismo del Cabildo y el de la Comunidad Autónoma.
El consejero de Política Territorial puso sobre la mesa que “la evaluación ambiental constituye una herramienta muy eficaz para la protección del medio ambiente, porque aporta criterios de sostenibilidad y alternativas en la toma de decisiones estratégicas en la evaluación de planes, programas o proyectos. Esta evaluación garantiza la prevención de impactos ambientales concretos que se pudieran generar, al tiempo que se establecen mecanismos para lograr el análisis de la huella del cambio climático, medidas de minimización de impactos o compensación de los mismos”.
