El consejero de Sector Primario, Valentín González, explica que “en la gestión de estas subvenciones, los Consejos Reguladores harán de entes colaboradores del Cabildo para hacer llegar las ayudas a los productores de uva, para compensar las pérdidas de producción derivadas de la sequía”
El Cabildo de Tenerife destinará 2,1 millones de euros durante 2025 en subvenciones para el sector vitícola de Tenerife, con el objetivo de “compensar las pérdidas de producción derivadas de la sequía”.
El consejero de Sector Primario, Valentín González, explica que “esta línea de ayudas es fruto de una modificación presupuestaria urgente y extraordinaria, con la finalidad de apoyar económicamente a los viticultores tinerfeños para compensar la pérdida de renta derivada de la bajada en la producción de la presente cosecha, causada por la sequía que castiga al campo tinerfeño durante los últimos años”.
González explica que “para distribuir esta línea de ayudas de una forma eficiente, teniendo en cuenta las zonas más castigadas por las circunstancias meteorológicas, hemos propiciado la firma de un convenio con los Consejos Reguladores de Tenerife, que los convierte en entes colaboradores del Cabildo para hacer llegar estas subvenciones de una forma equitativa entre los productores de uva de la isla”.
El consejero de Sector Primario incide en que “para el Cabildo es fundamental contribuir al sostenimiento de las explotaciones vitícolas, cuya producción se ha visto drásticamente afectada por los efectos de la sequía prolongada y la ausencia de horas de frío suficientes para el desarrollo normal del cultivo, que es fundamental desde el punto de vista agrícola, tanto por el valor económico de sus producciones como por motivos medioambientales y culturales”.
Los beneficiarios de estas ayudas serán todos los viticultores en activo en la isla de Tenerife (tanto personas físicas como jurídicas), que estén a cargo de explotaciones vitícolas. El importe a recibir por parte de cada productor será proporcional y estará dirigido a ayudar a cubrir parte de los gastos de producción incurridos en el número de kilos de uva no producido (caída de producción) de la cosecha actual, abonando 1,053 euros por kilo de uva, además de una cantidad dependiente de superficie declarada en el año 2024, de 300 hectáreas. La ayuda a recibir por beneficiario no podrá superar el importe máximo de 10.000 euros.
