El Pleno del Cabildo de Tenerife aprobó este viernes 30 una moción en la que solicita al Estado que incremente la actual subvención al transporte público terrestre de viajeros en Canarias, que permita reducir el costo de este servicio, de la misma manera que esa administración ha reconocido ya la necesidad de compensar el sobre coste de la movilidad interinsular, mediante el aumento del porcentaje de las ayudas al billete del transporte marítimo y aéreo. Los grupos también acordaron promover acciones que mejoren la movilidad insular mediante la realización de un diagnóstico sobre la situación de la movilidad y el transporte público en todos los municipios de la Isla que pueda ofrecer datos para clarificar las deficiencias de este servicio. De esta forma, se reducirán los tiempos de desplazamiento, disminuirán costos, se atenderán las necesidades especiales de diversos colectivos y se implantará una tarifa única.
Asimismo, se aprobó un acuerdo para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad. En concreto, se insta al Gobierno de Canarias a la revisión y actualización de la normativa del transporte adaptado y accesibilidad en vehículos de servicio público para dar respuesta a las crecientes necesidades sociales, que permita la incorporación de los taxis adaptados y otro tipo de tarjetas de transporte que no requieran la calificación de sanitario a este tipo de servicios que, obviamente, no son de naturaleza sanitaria. El acuerdo también insta a los ayuntamientos a que propicien que las nuevas licencias de taxis incorporen vehículos de siete o nueve plazas y adaptados y que promuevan e incentiven que las licencias existentes incorporen este tipo de vehículos.
Inclusión social
Otro de los acuerdos fue identificar los grupos de riesgo de exclusión en Tenerife, según edad, formación y competencias básicas, nivel económico y situación laboral, dependencia y víctimas de violencia de género e identidad cultural. Sobre la base de las acciones que ya se están tomando, se definirá el Plan Insular para la inclusión social donde se definirán las líneas estratégicas, acciones a desarrollar, coordinación entre intervinientes y los mecanismos evaluativos. Además, se pondrán en marcha políticas colaborativas con los ayuntamientos para establecer un mapa de servicios coordinados en los colectivos vulnerables especialmente dirigidos a menores y familias. El Plan Insular para la inclusión social también se realizará de forma colaborativa con el Gobierno de Canarias en las áreas relacionadas con el carácter social, formación, empleo y vivienda.
El Pleno también decidió elaborar un diagnóstico sobre la población joven emigrada de Canarias en el que se recojan diferentes indicadores (edad, formación, situación laboral) que sirva como punto de partida para poder desarrollar posteriores acciones orientadas a facilitar su regreso e incorporación al mercado laboral en condiciones dignas y estables.
En ese sentido, se acordó crear una Oficina de retorno juvenil para articular acciones orientadas a la información, asesoramiento y orientación de los jóvenes emigrados y que deseen regresar, así como un Plan de retorno juvenil para jóvenes canarios que trabajen fuera de España, favoreciendo su incorporación al mercado de trabajo en entidades públicas y privadas y mejorando sus condiciones laborales.
