Martín afirma que este plan comarcal permitirá incrementar un 53% la capacidad de tratamiento de las aguas residuales de las Islas
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, anunció este viernes durante el transcurso del Debate sobre el Estado de la Isla, que la Corporación insular ha cerrado el acuerdo con el Estado para iniciar la tramitación de cinco nuevas infraestructuras hidráulicas en Tenerife, que permitirán «abordar el complejo problema de la depuración de aguas, de los vertidos incontrolados y suministrar más agua regenerada al sistema que abastece a la agricultura».
Para Martín, este acuerdo con el Gobierno de España supone un hito fundamental para Tenerife, ya que una vez que finalicen las obras, la capacidad de tratamiento ascenderá hasta los 16 millones de metros cúbicos, lo que supondrá aumentar un 53% la depuración de la Isla. Este plan comarcal abarca nuevas instalaciones en Granadilla, San Miguel-Arona, Guía de Isora-Santiago del Teide y la que se ubicará en Acentejo. Además, el acuerdo incluye también la realización del sistema de saneamiento hasta la depuradora del Valle de La Orotava.
El presidente insular quiso resaltar este acuerdo durante su discurso inicial en el pleno, en el que realizó un repaso de su gestión de gobierno durante los últimos diez meses y las acciones que se han puesto en marcha. Asimismo, también puso sobre la mesa las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar la Isla desde su llegada a la presidencia del Cabildo. La rotura de la tubería de Balten que daba suministro a los agricultores del Sur, el cero energético, la quiebra del turoperador británico Thomas Cook, el cierre de la base de Ryanair en la Isla, el temporal de viento y calima del pasado febrero o las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia provocada por el Covid-19, no se lo han puesto fácil al equipo de gobierno del Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos (Cs) surgido tras la moción de censura a los nacionalistas en julio de 2019.
Martín afirmó que sin llegar al año de gobierno «buena parte de nuestra política ha estado condicionada por situaciones extraordinarias» y aseguró que el Cabildo «se ha reactivado» en este tiempo, respondiendo a las críticas de la oposición que le acusó de actuar tarde con sus medidas frente a la crisis y de falta de transparencia.
El presidente insular también detalló durante su intervención que el desempleo es ahora mismo una de sus principales preocupaciones. La paralización de la actividad económica como consecuencia del Covid ha incrementado en dos meses el número de parados por encima de las 110.000 personas. «Los datos de desempleo se han cronificado y la destrucción de puestos de trabajo continuará en los próximos tiempos por la situación de crisis», expuso.
Para abordarlo, el Cabildo trabaja en la redacción de un plan estratégico de empleo, que se dirigirá a trabajadores con poca empleabilidad, pero también centrará su atención en otros colectivos, como aquellos con un alto grado de formación o personas con discapacidad. «En el pasado la única acción real de esta Institución se resumía en el programa Barrios por el Empleo», valoró y puntualizó que a partir de ahora «crearemos una verdadera política de empleo coordinada con ayuntamientos y el Gobierno de Canarias», con un programa «más ambicioso».
Uno de los sectores más afectados por este desempleo como consecuencia de la paralización económica es el del turismo. Martín defendió el plan de reactivación para el sector puesto en marcha por el Cabildo tinerfeño y anunció que la próxima semana se reunirá con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para abordar la recuperación del destino y «trazar estrategias». Al mismo tiempo, se deberá tratar también la recuperación del tráfico de pasajeros.
En cuanto al área social, el presidente recalcó que el equipo de gobierno no ha reducido su financiación y que incluso la ha incrementado en 19 millones de euros. Además, informó de que el Cabildo ha abierto un anuncio de mercado para buscar alternativas de reubicación para los usuarios del Hospital Febles Campos por el deterioro que sufre el complejo y se mostró confiado de poder acometer nuevas construcciones de centros sociosanitarios para la Isla.
Por su parte, el vicepresidente insular y portavoz del grupo mixto, Enrique Arriaga (Cs), señaló que al llegar al gobierno insular «nos encontramos un Cabildo sin planificación, en las que todas las decisiones se tomaban por intereses partidistas» y acusó a la política desarrollada anteriormente por los nacionalistas de ser un desastre más al que ha tenido que enfrentarse el equipo de gobierno.
Arriaga aseguró que desde que el PSOE y Cs comandan la Institución insular «ha mejorado el diálogo con los 31 ayuntamientos para establecer las prioridades», ha puesto en marcha la tramitación del Plan de Movilidad y de Innovación y aseguró que se ha tratado de lograr que las empresas públicas sean rentables y puso como ejemplo la refinanciación de la deuda de Metropolitano a través de la que «nos ahorramos cinco millones de euros al año de intereses que se destinarán a otras políticas».
Reacciones de la oposición
El portavoz de Coalición Canaria (CC), Carlos Alonso, calificó de «triunfalista» el discurso de Martín, en un momento en el que bajo su punto de vista es necesario estar más pegados que nunca a una realidad, en la que la Isla vive un cero turístico y una dinámica económica sin precedentes.
«Las soluciones del Cabildo llegan tarde y no tienen suficiente ambición», recalcó Alonso y aseguró que a su formación le hubiera gustado «un plan que verdaderamente reactivara la economía y no solo recolocara partidas», ya que consideró que el Cabildo debe ejercer una posición de liderazgo que él echa en falta.
«Un año después esta Isla está peor, eso no admite dudas», valoró y puntualizó que este empeoramiento «no es por Coalición Canaria» por lo que instó al equipo de gobierno «a dejar de utilizar ya ese discurso para justificar la situación actual».
La portavoz popular, Zaida González, aseguró que la crisis del coronavirus ha permitido al equipo de gobierno «ocultar su falta de gestión», ya que resaltó que «los problemas históricos de la Isla siguen sin resolverse».
Asimismo, quiso recordar al PSOE que el partido «también es responsable» de los actuales problemas, ya que gobernó durante los últimos ocho años con los nacionalistas.
González acusó al equipo de gobierno de «falta de transparencia» y manifestó que el Cabildo tinerfeño «se ha convertido en parte del problema» y les acusó de no tener una planificación que ha provocado que «hayamos ido por detrás a la hora de otorgar ayudas» y que no exista una previsión para poder actuar en el caso de que haya un rebrote de la enfermedad.
Escudo social
Sí Podemos Canarias argumentó que en sus 32 años de gobierno, los nacionalistas no habían sido capaces de revertir la situación social de la Isla, a pesar de haber gestionado presupuestos anuales que rondaban los mil millones de euros. Su portavoz, María José Belda, aseguró que la actual situación es consecuencia «de las políticas del método de la corrupción» y repasó algunos de los casos en los que se han visto implicados dirigentes de CC.
Belda lamentó que en estos momentos Tenerife sea una «isla totalmente dependiente del exterior» y se preguntó si se hubiera podido afrontar de una mejor manera la crisis, si la Isla no hubiera estado tres décadas expuesta a las políticas llevadas a cabo por los nacionalistas.
Asimismo, valoró como en esta crisis los gobiernos han llevado a cabo «un escudo social» que ha protegido a los más afectados, algo que no ocurrió en la anterior recesión económica.
«Nos encontramos un Cabildo troceado, sin rumbo y cuyas áreas no se hablaban entre si». Así resumió la portavoz del Partido Socialista, Marián Franquet, el estado en el que el equipo de gobierno entró en la Corporación insular tras la moción de censura.
Con la llegada del nuevo equipo, aseguró, se han acabado «las inauguraciones de carreteras que no van a ninguna partes y la de piscinas vacías» y acusó a los nacionalistas de no haber aceptado todavía «que ya no gobiernan».
Franquet detalló que en un momento como el actual, «el Cabildo tiene que poner al servicio de la ciudadanía todos sus recursos» y que ahora se debe intentar que las personas que peor lo están pasando sean las primeras en recibir las ayudas. Además, señaló que por primera vez, los beneficios de las empresas del sector público insular podrán destinarse a financiar políticas sociales para la Isla.
Propuestas
Después de cuatro horas de debate, el pleno procedió a votar las propuestas que todos los grupos políticos habían presentado en el Debate del Estado de la Isla. Los partidos demostraron que pueden llegar a acuerdos en temas muy dispares y de esta manera la gran mayoría de las propuestas presentadas salieron adelante con el apoyo unánime de todos los grupos y otros muchos por mayoría.
Entre los acuerdos alcanzados está el refuerzo en las políticas de prevención contra la violencia de género, la recuperación de suelos agrícolas o el impulso al estudio de las diferentes alternativas para el cierre del Anillo Insular entre Los Realejos e Icod de los Vinos.
El pleno también acordó impulsar la compra de equipos de protección individual para evitar situaciones de desabastecimiento ante un nuevo brote, el apoyo a la ejecución de los parques de bomberos previstos para el Sur, así como la reorganización de las políticas activas de empleo y la necesidad de aprobar el plan de modernización para la Institución insular.
Además, se aprobó en el pleno instar al Estado a la aplicación específica de bonificaciones a la Seguridad Social en las contrataciones de Canarias y solicitar la flexibilización de las reglas fiscales para poder utilizar el superávit, el remanente y recurrir al endeudamiento.
Los grupos también acordaron llevar a cabo acciones para disponer de instalaciones de energías limpias en todos los edificios insulares y poder utilizar los beneficios de las entidades del sector público para hacer frente a la crisis social.
Sin embargo, hubo varias propuestas que no lograron salir adelante. Entre ellas se encontraron las que tanto el PP como CC presentaron para apoyar la continuidad del programa Ansina y de sus trabajadores. Una situación que provocó un cruce de acusaciones entre los representantes del equipo de gobierno y parte de la oposición. Alonso manifestó que el cierre del programa Ansina «dejará atrás a sus trabajadores» y a los mayores a los que prestan servicio.
Por otro lado, el presidente insular argumentó que Ideco, la sociedad que prestaba el servicio, «es un ejemplo de mala gestión», ya que afirmó que existen «abonos de facturas sin expediente, contratos menores que superan el límite, prorrogas de contratos sin justificación y un 23% de sus contrataciones en fraude de ley».
Fuente: El Día (Dalia Guerra)
