El Cabildo de Tenerife ha aprobado en Consejo de Gobierno el Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 2022, que contará con un presupuesto de 1.000.463 euros, cuya distribución se realizará de acuerdo con los criterios de la Federación Canaria de Municipios (Fecam)
El presidente insular, Pedro Martín, explica que este programa “con el que seguimos reforzando nuestra colaboración con todos los municipios, se dirige fundamentalmente a la población con menos recursos económicos, para ayudar a que las viviendas reúnan condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y accesibilidad. Como hemos hecho en otros ámbitos, una vez más, entregamos el dinero a los municipios para que sean estos los que gestionen de manera directa las ayudas con sus vecinos y vecinas”.
En este sentido, destaca que, como novedad este año, se ha acordado reducir a la mitad la aportación municipal, teniendo en cuenta las dificultades económicas derivadas de la pandemia que atraviesan los ayuntamientos. “No solo colaboramos con todos los municipios de la isla en materia de vivienda, sino que también incrementamos el porcentaje que el Cabildo aporta al programa en cada ayuntamiento”. De esta manera, los municipios de menos de 20.000 habitantes solo asumirán el 5 por ciento de los costes (antes el 10%), los de entre 20.000 y 50.000 habitantes el 10 por ciento (antes el 20%), y los de más de 50.000 el 25 por ciento (antes el 50%).
El consejero insular de Cooperación Municipal y Vivienda, Zebenzuí Chinea, explica que “el programa establece como criterios preferentes para el reparto tanto la situación socioeconómica de las personas beneficiarias como el estado de conservación de los inmuebles, teniendo prioridad aquellos que en se encuentren en peor situación en relación con ambos aspectos”.
Zebenzuí Chinea adelanta, además, que “con el objetivo de dar mayor flexibilidad a los ayuntamientos para que puedan finalizar los proyectos, se ha establecido un plazo de ejecución de 18 meses”, que podrá ser ampliado, si las corporaciones locales así lo solicitan, “lo que facilitará la gestión y ejecución tanto a los servicios municipales como a las personas que resulten beneficiarias de estas ayudas”.
El consejero destaca, además, que “si bien la cuantía individual para los propietarios de las viviendas tendrá un límite de 10.000 euros, en supuestos excepcionales de extrema necesidad que estén justificados, la ayuda se podrá incrementar hasta los 20.000 euros”.
A través de este programa se podrán financiar aquellas obras que comprendan la mejora total o parcial de las condiciones de accesibilidad de una vivienda y que garanticen su seguridad, como el refuerzo o sustitución de elementos estructurales y la adaptación a la normativa actual de cuestiones como el agua, el gas, la electricidad o la protección contra incendios.
Los ayuntamientos serán los encargados de distribuir estas ayudas directas entre aquellos propietarios que no dispongan de recursos económicos suficientes y cuyas viviendas no estén en condiciones mínimas de habitabilidad o accesibilidad.
