El Ayuntamiento de Buenavista del Norte evidencia que no tienen base las sanciones del Consejo Insular de Aguas

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El consistorio recusa al gerente del CIATF, Javier Davara, como instructor, dada su parcialidad. Presenta públicamente el pliego de descargo con las alegaciones ante las multas planteadas por el organismo insular. El gobierno municipal pide respeto a su proyecto de depuración extensiva, apoyado por la ciudadanía y sostenido en los acuerdos plenarios

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte evidencia que no tienen base las sanciones propuestas a finales de octubre pasado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) por un supuesto caso de gestión incorrecta de aguas residuales, según demuestra en las alegaciones incluidas en el pliego de descargo registrado el pasado miércoles, 10 de noviembre, y presentado públicamente este martes 16 en rueda de prensa. En el acto informativo, el alcalde del municipio de la Isla Baja, Antonio González Fortes, y la primera teniente de alcalde, Ángeles González González, mostraron la unidad del gobierno municipal ante el expediente sancionador relacionado con la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) ubicada en la vía de acceso a la Playa de Los Barqueros.

El pliego de descargo pone de manifiesto que la propuesta de sanciones no se sustenta y recusa al instructor, el gerente del CIATF, Javier Davara, dada su parcialidad. El Ayuntamiento de Buenavista del Norte plantea que el pliego de cargos que pretende justificar las dos sanciones propuestas está lleno de incongruencias y de ambigüedades y falta de detalle sobre las razones que sustentarían las sanciones, por lo que solicita su anulación.

“Las instituciones no están para confrontar entre ellas. Independientemente de que se admita este pliego de descargo desde un punto de vista jurídico, hemos pedido al Cabildo que, de una vez por todas, nos pongamos a trabajar con respeto a las decisiones de la ciudadanía canalizadas a través de los acuerdos plenarios: el respeto a la propuesta de depuración que se quiere hacer en Buenavista del Norte y en otros municipios de la Isla Baja”, dijo Antonio González, quien propuso que “dejemos esto a un lado, abandonando este tipo de conductas ejemplarizantes, que no tienen precedente en ningún municipio de la isla de Tenerife, no solo en el fondo de la cuestión, sino también en el montante de la sanción”, sentenció el alcalde, quien destacó que los más de 60 mil euros previstos en la propuesta de sanción “viene a destrozar la economía municipal”.

En esta misma línea se manifestó la primera teniente de alcalde, quien repasó los acuerdos del pleno municipal en relación a su apuesta por la depuración natural, una serie de decisiones que remontó a 2018 y enero de 2019 y que relacionó directamente con la intervención del CIATF en julio de 2019 en relación a la supuesta inexistencia de una autorización administrativa para el funcionamiento de la EDAR: “entendemos que esta acción por parte del Consejo Insular de Aguas es una represalia hacia el Ayuntamiento”, dijo, afirmación que justificó en la “incoherencia de las acciones llevadas a cabo por el Cabildo (…) difícil de explicar de manera racional”. De ahí que subraye que “el Cabildo, mediante esta presión que está ejerciendo, está socavando la decisión de nuestra mayoría social, que se ha visto canalizada a través de la institución en uno de sus órganos más importantes: el pleno municipal. (…). La voluntad del pueblo de Buenavista del Norte es clara, fuerte y no se va a doblegar con facilidad. Los vecinos y vecinas de nuestro municipio merecen respeto”, apostilló Ángeles González.

Pliego de descargo y recusación

El Ayuntamiento enmarca esta propuesta de sanción en el debate en torno a la depuración de aguas residuales en la Isla Baja, un asunto para el que el gobierno municipal propone una fórmula que se ha ganado el consenso de la ciudadanía y de los municipios de la comarca: la depuración natural extensiva, descentralizada, en lugar de la comarcalización que defiende el CIATF. Se trata de un debate ampliamente participado por la población y las instituciones y en el que el gerente del organismo insular, Javier Davara, ha mantenido una confrontación activa con el gobierno municipal: “ha participado en múltiples reuniones con la finalidad de tratar diversos asuntos relacionados con los sistemas de depuración en la Isla Baja, manteniendo una actitud frontalmente contraria a los planteamientos de este Consistorio”, señala el documento, lo que motiva su recusación.

Respecto a la primera sanción, de 200 euros, relativa a la supuesta carencia de autorización administrativa para la EDAR, el CIATF cae en la contradicción de proponer en febrero de 2021 por primera vez una sanción por la falta de autorización tras haber advertido al Ayuntamiento en junio de 2020 que va a proceder a declarar su caducidad, de forma que reconoce la existencia de esa autorización administrativa, para la que no se ha declarado caducidad actualmente.

Todas las alegaciones y documentos entregados por el Ayuntamiento al Consejo Insular en este sentido han sido desoídos sistemáticamente por el organismo insular, hasta el punto de que, el 26 de octubre pasado, a la propuesta de sanción motivada por el caso de la autorización administrativa, el CIATF suma una segunda sanción, por supuestos hechos tipificados de muy graves, que asciende a 42.359,85 euros en lo que va de año, por daños al dominio público hidráulico debido a unos supuestos vertidos que no se identifican. En definitiva, la resolución de incoación del expediente del CIATF no indica cuáles son las aguas afectadas ni cuál es el daño ocasionado ni cuenta con informe técnico alguno que determine el daño asociado a esa sanción. Por este motivo, el Ayuntamiento plantea la anulación de la sanción, dado que el Consejo Insular no ha sido capaz de demostrar este daño y las alegaciones municipales plantean referencias técnicas que dejan claro que no ha existido daño al dominio público hidráulico y, aún menos a la calidad de las aguas, de forma que no se ha incurrido en infracción administrativa alguna.

Respecto a la autorización administrativa de la EDAR, desde que el CIATF requirió por primera vez en agosto de 2019 al Ayuntamiento la documentación acreditativa de la autorización, la corporación ha respondido con detalles sobre todo el proceso de ejecución e instalación de la depuradora.

La instalación de la EDAR estuvo a cargo de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias entre 1987 y 1989, entidad que no responde las solicitudes municipales para conseguir la citada documentación. Además, su construcción fue subvencionada por la Consejería de Obras Públicas, evidencia de que, entonces, contó con las autorizaciones necesarias. Asimismo, ante los requerimientos del CIATF, el Ayuntamiento contrató un servicio de asesoramiento del que emanó en abril de 2020 un informe del que se remitió copia al Consejo Insular y que son la base para tramitar la renovación de la EDAR. Además, en la propuesta de sanción más reciente, la de octubre de 2021, que retoma el asunto de la autorización administrativa cuya existencia ya se había reconocido, “se comprueba que el pliego de cargos se remite a una ley posterior a la construcción de la EDAR”, argumenta el Ayuntamiento en su documento.

Contradicciones del Cabildo

El alcalde de Buenavista profundizó en las contradicciones del Cabildo –“nos parece completamente incoherente”, insistió–, al señalar que, su presidente insular, en una reunión del Consorcio Daute-Isla Baja, expresó la voluntad de “dejar trabajar a los ayuntamientos”, de la comarca, por lo que “desde hace unos meses” se está trabajando en esta propuesta. A ello se suma el acuerdo del pleno del Cabildo para instaurar un sistema de depuración extensiva en la zona. Sin embargo, el Consejo Insular de Aguas mantiene su presión: “no tiene precedente, lo que se está queriendo hacer con Buenavista”, recalcó.

Así, el Ayuntamiento de Buenavista del Norte cuenta con “financiación de Cooperación en todo momento para redactar los proyectos para adaptar su EDAR y la base de sus instalaciones a una depuradora extensiva”, explicó el edil. Pero, en una situación de “pescadilla que no ha dejado de morderse la cola (…) no nos permiten utilizar nuestro dinero de Cooperación por la posible negativa del Consejo Insular de Aguas y el consejo nos remite a la redacción de los proyectos y así hasta hace un par de meses”.

Por otra parte, desde enero de 2020 este Ayuntamiento del municipio norteño presentó alegaciones al Plan Hidrológico de Tenerife, para conseguir que la propuesta de depuración se adaptara a ese plan, pendiente de aprobación. “Desde aquí, viendo lo que está pasando con esta sanción, esperamos que no se dé marcha atrás”, enfatizó González Fortes.

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