El consejero regional de Educación se ha reunido en las últimas horas con los sindicatos STEC y UGT para trasladarles su posición en materias como la educación infantil, las infraestructuras educativas o las cifras de inversión
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias implantará las nuevas plazas para alumnado de 2 a 3 años atendiendo a las necesidades sociales, anunció su responsable, Poli Suárez, en las reuniones mantenidas este lunes y martes con los sindicatos UGT y STEC, respectivamente, en Santa Cruz de Tenerife.
“Las necesidades de El Batán o Jinámar, en Gran Canaria, son mayores que las de Mesa y López”, explicó Suárez, para quien “la realidad social de esas zonas” justifica que la mayoría de las nuevas 1.200 plazas de 2 a 3 para el curso 2024-2025 se concentren en determinadas áreas y municipios de las Islas.
De esas 1.200 plazas, la mitad, 600, entrarían en funcionamiento en septiembre de 2024, mientras que la otra mitad deberá estar lista en enero de 2025, añadió el consejero.
Suárez avanzó, sin embargo, que lo que no hará será matricular alumnado hasta que estén listas las plazas. Lo contrario, dijo, sería repetir la estafa del Gobierno anterior, que para este curso, 2022-2023, permitió matricular otras tantas plazas inexistentes. “No voy a cometer ese error, no podemos matricular a niños en aulas que no existen”, dijo a los representantes sindicales.
En esta reunión, que se produjo solo unas horas después a la celebrada este lunes con UGT, también en Tenerife, Suárez se ratificó ante el STEC en su decisión de suspender las clases durante la pasada ola de calor. “Si pasara hoy, volvería a hacer lo mismo”, les dijo, porque “se acumulaban muchos días de calor y calima, y por el estado de las infraestructuras”.
En ese sentido, el consejero subrayó la importancia de un Plan de Infraestructuras Educativas que establezca prioridades en coordinación con Ayuntamientos y Cabildos porque la gestión anterior, con un nivel de ejecución presupuestaria de solo el cuarenta por ciento, fue “un desastre”.
Y aunque más dinero no suponga mejores infraestructuras si no se ejecuta adecuadamente, Suárez apostó por seguir intentando, pese a las dificultades, llegar al 5 por ciento del PIB en educación, una lucha en la que siguió animando al STEC.
