La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias establecerá un nuevo modelo para la financiación de las entidades del tercer sector que gestionan servicios esenciales. Para ello, la próxima semana sacará la consulta pública el informe justificativo previo de la iniciativa reglamentaria reguladora del concierto social.
Este nuevo sistema de financiación se basa en conciertos de carácter plurianual, lo que asegura la continuidad de los programas y la prestación de los servicios. Según explica el director general de Derechos Sociales, Jonás González, “este trámite inicia el proceso reglamentario que permitirá a las administraciones públicas realizar acuerdos con las entidades del tercer sector, garantizando su financiación plurianual lo que asegura continuidad de los programas y la estabilidad laboral del personal técnico que los gestiona, lo que entendemos repercutirá positivamente en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía”.
Hasta la fecha, y ante la falta de regulación, muchos de los servicios básicos viendo siendo prestados por entidades del tercer sector por la vía de las subvenciones. “El objetivo es avanzar en el desarrollo normativo de los servicios sociales, asegurando los servicios dando estabilidad a los mismos y a su personal, y garantizando la calidad y los derechos de las personas. Todo ello basado en los principios de transparencia y libre concurrencia de las entidades sociales que quieran optar a prestarlos”, aclaró el director general de Derechos Sociales, quien realiza una invitación a la ciudadanía, entidades sociales, etcétera, a participar durante el proceso de exposición pública con el objeto de enriquecer el texto.
Para el desarrollo de esta iniciativa, el departamento de Derechos Sociales creó una subcomisión técnica en la que se ha contado con multitud de aportaciones de las entidades sociales que están trabajando codo con codo con la administración pública en el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales. La entrada en vigor de esta normativa establece que las prestaciones y servicios contenidos en el catálogo son un derecho subjetivo y por tanto reclamable, que las administraciones públicas deben garantizar.
