Sale a consulta pública el proyecto de decreto que regulará el concierto de servicios sociales entre las administraciones públicas y las entidades sociales con el fin de garantizar la prestación de los servicios y el acceso de la ciudadanía a los mismos. A través de esta iniciativa pública se busca recabar las opiniones, sugerencias y aportaciones de las entidades y personas afectadas por la futura normativa
La Dirección General de Derechos Sociales, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, ha sacado a consulta pública el Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico del concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados de Canarias.
Según explica el director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, “con la puesta en marcha de este proyecto de decreto continuamos avanzando en el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales”.
El objeto del presente proyecto de Decreto es desarrollar el régimen jurídico de los conciertos sociales en el ámbito de los servicios sociales especializados para posibilitar a las Administraciones públicas concertar prestaciones y servicios con entidades privadas sin ánimo de lucro, cuando dichas Administraciones no puedan prestarlos de manera directa o por medios propios, garantizando con ello el acceso de la ciudadanía a las prestaciones y servicios del catálogo contemplados en la Ley de Servicios Sociales.
“Se trata, por tanto, de establecer el régimen jurídico que regule los conciertos sociales con personas físicas o entidades sin ánimo de lucro que gestionen servicios destinados a la atención directa a las personas, cuando los recursos públicos resulten insuficientes para garantizar la prestación de servicios contemplados en la Ley”, matizó Bermúdez.
El futuro cuerpo normativo determinará el alcance y significado de los conciertos sociales y describirá las modalidades de servicios y prestaciones, así como detallará el procedimiento de selección de los proveedores de los servicios que determine los derechos y obligaciones de los operadores que presten el servicio, con especial referencia al sistema de remuneración de los costes.
El Proyecto de Decreto consta de un preámbulo, siete capítulos con 41 artículos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.
Con este fin de garantizar la participación ciudadana y de los sectores afectados, se abre consulta pública previa para recabar la opinión de las personas y de las organizaciones interesadas con el objeto de recoger sugerencias, observaciones y propuestas para esta futura norma, de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las entidades y personas interesadas pueden consultar el informe de consulta previa en este enlace.
Jornada de formación
La Dirección general de Derechos Sociales tienen previsto celebrar el próximo jueves, 25 de febrero, una jornada técnica sobre el concierto social, al objeto de explicar en detalle el contenido y objetivo del citado proyecto de Decreto.
La jornada, que tendrá lugar online en horario de 10,30 a 12,00 horas, está dirigida a profesionales y especialistas en el área de trabajo social de las Administraciones Públicas, así como al personal de las entidades de carácter social.
