Se trata de una prestación de naturaleza familiar condicionada por la situación de toda la unidad de convivencia de la persona titular
La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido, ha criticado ayer que el Anteproyecto de Ley de la Renta Ciudadanía, “de renta ciudadana solo tiene el nombre”.
Tras el estudio de la propuesta del Gobierno, “que el cuatripartito califica como un hito”, se pueden establecer apenas algunas mejoras respecto a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), porque la ficha financiera que le acompaña solo asciende a 4 millones de euros más, en 4 años, por lo que resulta imposible cumplir los objetivos que ya están vendiendo publicitariamente”.
De hecho si se incorporaran hoy mismo los 1.000 expedientes en lista de espera de la PCI, haría falta más dinero para poder cubrirlos, “por lo que nos preguntamos cómo van a pagar a 30.000 personas más como están anunciando, sin tener al personal presupuestado”, señaló Valido.
Eso si tener en cuenta que el trabajo de gestión, seguimiento, acompañamiento, inclusión y revisión recae en los Ayuntamientos, para los que tampoco se define un incremento presupuestario plurianual acorde al papel que habrán de jugar en esa gestión.
A mayor abundamiento, no se cuenta ni se ha diseñado el aplicativo informático necesario, pero se exige presentación telemática.
Para Cristina Valido, “no hay planificación ni medidas ajustadas a la realidad de los peticionarios, si tenemos en cuenta que ya hay problemas en estos momentos para iniciar el trámite de las Pensiones no Contributivas (PNC) y PCI, que supera los cuatro meses y tienen menor cobertura de la que se pretende con la renta de ciudadanía”.
El hecho de que los solicitantes de la Renta ciudadana tienen que solicitar también el ingreso mínimo vital complica los trámites a la ciudadanía y el propio trabajo técnico.
Además, en esta nueva Ley, se establece un plazo de tres meses para contestar por parte de la administración, tras los cuales, si no se ha resuelto el expediente queda desestimado causando un agravio a los solicitantes.
“Paradójico que, sin embargo y a fecha de hoy, la consejería de Noemí Santana duplica y triplica los plazos estipulados para PCI, PNC, Dependencia o valoración de la discapacidad y deja en tres meses el plazo para contestar o desestimar la solicitud de la renta”, apostilló la diputada.
Por otra parte, “entendemos que el Anteproyecto de Ley genera confusión al plantear la renta ciudadana como una prestación económica personal, por lo que se puede interpretar que es individual”, cuando realmente es una prestación de naturaleza familiar condicionada por la situación de toda la unidad de convivencia de la persona titular de la prestación.
Resulta incomprensible que teniendo en cuenta la situación precaria que viven, por ejemplo muchos jóvenes que han tenido que volver a vivir a casas de sus padres, no puedan recibir prestación si sus padres tienen ingresos u otra vivienda y hasta que no lleven un año viviendo con ellos; “de esta manera será muy difícil que puedan iniciar un proyecto de vida propio e independiente”, denunció.
