El exalcalde de Icod de los Vinos, Juan José Dorta (PSOE), y siete de sus concejales en el mandato 2003-2007, han sido hoy condenados a un año de prisión y a 12 años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por un delito de prevaricación urbanística y por otro delito de prevaricación continuada. Los exediles condenados junto a Dorta son Maximino Fuentes, Ramón Jesús Socas, Jesús Rolo, Bernardo Martín, Ana María Pérez, José Alberto Ruiz y Luciano López. La exconcejala Carmen Casilda Hernández ha sido condenada a 12 años de inhabilitación, sin pena de prisión. Además, en el caso de Maximino Fuentes el juez ha añadido otro año de inhabilitación y también la condena, en responsabilidad civil, a demoler a su cargo y a su costa dos plantas de una vivienda construida sin licencia en unos terrenos propiedad del vecino José Rodríguez, en el barrio de Santa Bárbara.
A través de un acuerdo entre la Fiscalía y los letrados de los acusados, tal como se había adelantado en distintos medios tanto Juan José Dorta como los citados ocho exediles socialistas han asumido esta mañana ante el juez Marcos Díaz, del Juzgado de lo Penal Nº5, la culpabilidad de todos los cargos por los que se les acusaba. En la vista judicial, que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de La Laguna, se determinó que ninguno de los condenados tendrá que ingresar en la carcel al carecer de antecedentes penales.
Este caso se abrió en 2007 a raíz de una denuncia de la Fiscalía tras una delación de dos funcionarios del Ayuntamiento de Icod de los Vinos,
La sentencia concluye en que distintos hechos investigados han sido probados como delito de prevaricación urbanística y delito continuado de prevaricación, ya que a sabiendas del contenido de los informes desfavorables que se referían en las propuestas y que tenían los ya condenados a su alcance para consultar, o bien preguntar sobre ellos, votaban o disponían a favor de la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes en cada momento.
Señala el fallo que dicha conducta de estos políticos se producía de forma continuada y con total desprecio a la normativa urbanística vigente y a los informes desfavorables emitidos, en los que, incluso, se les advertía de la posibilidad de estar cometiendo delito y en un intento de beneficiar a las empresas o particulares, sin respetar la aplicación igualitaria del derecho de todos los ciudadanos.
Además, se ha sentenciado como delito continuado de prevaricación al proponerse la contratación de personal, de lo que salvaban los reparos, y contrataban los acusados votando a favor de convertir en indefinidos a unos trabajadores que se habían contratado a sabiendas de que se había infringido el procedimiento legalmente establecido, con lo que el equipo de gobierno estaba eligiendo a dedo el personal que era contratado por el Ayuntamiento Icodense ya fuera por afinidad personal, familiar o de partido.
Estas contrataciones laborales se hicieron efectivas a un importante número de trabajadores sin seguirse el proceso de selección que determina La ley. Los contratos se llevaron a cabo de forma irregular, al pasar éstos de temporales a indefinidos por un decreto del exmandatario local socialista en junio de 2005. Se da la circunstancia de que muchas de esas personas continúan hoy en día trabajando en la administración local de la Ciudad del Drago.
Juan José Dorta decidió entonces contratar temporalmente, de forma directa, al menos a 45 personas -más de la mitad de la plantilla laboral del Ayuntamiento de Icod- sin realizar ninguna convocatoria pública de esos puestos ni dar la oportunidad a otras personas de acceder a esos empleos. Se dio además la circunstancia de que algunas de las personas contratadas eran o son militantes del PSOE, e incluso alguno formaba parte de la candidatura de esta formación política en las elecciones locales.
Los controles legales de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) requirieron al entonces alcalde para que anulara las contrataciones, pero Juan José Dorta y su junta de gobierno propiciaron una tramitación injusta consistente en que al mismo tiempo que decían aceptar el requerimiento efectuado por la CAC, hacían todo lo contrario y convertían los contratos temporales ilegales en indefinidos, también de forma directa y sin proceso selectivo previo.
La irregular tramitación fue descubierta por la CAC, que presentó diversas denuncias contra el Ayuntamiento y pidió en vía judicial la suspensión de las contrataciones hasta que se dictara sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó la suspensión de los contratos, pero el exalcalde Dorta desatendió la orden. Finalmente el mismo TSJC anuló todas las contrataciones, pero Juan José Dorta tampoco cumplió las sentencias.
