El consejero socialista Nauzet Gugliotta defendió hoy en comisión plenaria una moción para que el grupo de gobierno cumpla con los acuerdos de la institución y refuerce las cláusulas sociales en la contratación pública. La moción ha sido rechazada por el grupo de gobierno (Coalición Canaria y Partido Popular) con al apoyo, una vez más, de Vox
El consejero socialista en el Cabildo de Tenerife Nauzet Gugliotta ha defendido hoy una moción en comisión plenaria en la que se instaba al grupo de gobierno a aplicar cláusulas sociales en las contrataciones públicas, tal y como establece la legislación vigente y acordó la propia corporación, tanto en 2018 como en 2021, cuando se publicó una guía para su aplicación.
La moción ha sido rechazada por el gobierno insular que preside Rosa Dávila con el apoyo, una vez más de Vox, que se ha convertido en un socio más del grupo de gobierno. “CC y PP -ha explicado el consejero- se han aliado con Vox para votar en contra de una propuesta que buscaba, entre otras muchas cosas, fomentar el empleo de personas con discapacidad, a través de la contratación administrativa”.
Nauzet Gugliotta ha insistido en que “el Gobierno de Rosa Dávila no quiere aprovechar el músculo del Cabildo y de sus empresas para incluir en sus contratos mayores criterios sociales y medioambientales”.
Las cláusulas sociales y medioambientales son aquellas estipulaciones que obligan a las empresas adjudicatarias de un contrato público a dar cumplimiento, junto con el objeto propio del contrato, a determinados objetivos de política social y medioambiental que se estiman de interés general. Esto es de especial importancia teniendo en cuenta las dimensiones de la inversión pública, que es, de media, el 14% del PIB en la Unión Europea.
Entre estas cláusulas, se obliga a las empresas adjudicatarias a garantizar, por ejemplo, la ausencia de discriminación por razón de género, la inserción laboral de personas en situación vulnerable o con discapacidades, así como asegurar a los trabajadores salarios dignos. Otras persiguen objetivos diferentes, como las que tienen carácter medioambiental.
El Grupo Socialista reclamaba que la aplicación, además, no se limite únicamente a los mínimos legalmente establecidos, como está ocurriendo en áreas y organismos del Cabildo de Tenerife, como el IASS, donde en importantes contratos se están limitando estas cláusulas al 5% mínimo, lo que supone que no existe una apuesta estratégica por ellas.
De esta forma, la moción socialista instaba al grupo de gobierno del Cabildo a “implantar todas las medidas necesarias que garanticen el impulso y la correcta aplicación de las directrices relativas a la incorporación de las cláusulas sociales y medioambientales para garantizar el acceso a la contratación pública a pymes y empresas de economía social”.
Al respecto, Nauzet Gugliotta ha insistido en que “la contratación pública debe ser una herramienta para favorecer que el sector privado asuma políticas sociales, medioambientales y de innovación, que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores y de los colectivos vulnerables. En 2021 el Consejo de Gobierno Insular aprobó una instrucción en materia de contratación que buscaba que los contratos que licitara el Cabildo incluyeran decididamente criterios y condiciones que fueran en esta dirección. Ahora exigíamos que esta instrucción se cumpliera plenamente”.
