CC y PP exigen al Estado la aprobación de un Real Decreto para garantizar la gratuidad del transporte en Canarias

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Los grupos insulares de Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo de Tenerife han presentado una moción al próximo Pleno del Cabildo, que se celebrará este viernes día 31, en la que exigen al Estado la aprobación de un Real Decreto Ley que garantice la gratuidad del servicio de transporte público en Canarias y Baleares y las medidas que en esta materia se han ido consolidando en el resto de España.

Ante el fracaso político sufrido por el Gobierno de Pedro Sánchez tras no poder sacar adelante el denominado ‘Decreto Omnibus’, tanto nacionalistas como populares han decidido presentar una moción al pleno de la Corporación para que asuntos como la revalorización de las pensiones, las ayudas a La Palma y Valencia, o la gratuidad del transporte sean aprobados en diferentes reales decreto por separado.

En este sentido, los portavoces de CC y PP, José Miguel Ruano y Lope Afonso, respectivamente, explican que “el desacuerdo sobre medidas de otra naturaleza ha llevado a la falta de acuerdo en el arco parlamentario del Congreso de los Diputados, en sesión plenaria de 23 de enero pasado y ha producido el rechazo al Decreto-Ley. Esto exige encontrar una respuesta normativa inmediata y sólida como corresponde a Políticas de Estado”.

Por tanto, PP y CC proponen además en su moción al Pleno insular que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe un Real Decreto Ley para la revalorización de las pensiones y otro para las ayudas dirigidas a la reconstrucción económica de la isla de La Palma, ante los efectos producidos por la erupción volcánica de Cumbre Vieja; así como las que con urgencia se precisan en la Comunidad Valenciana tras los efectos de la Dana del otoño del año 2024.

Además, ante la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, y dado que “no siempre cuenta con los apoyos de todos aquellos grupos que le otorgaron la investidura al presidente del Ejecutivo central”, populares y nacionalistas proponen además en su moción la aprobación de un Real Decreto Ley para “cuantas otras medidas sociales puedan alcanzar un apoyo parlamentario ampliamente respaldado por los grupos y partidos presentes en el Congreso de los Diputados”.

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