El grupo nacionalista Coalición Canaria-PNC del Cabildo de Tenerife solicita la reactivación del Consejo Insular de la Vivienda con el objetivo de que se diseñen las medidas necesarias para fomentar la vivienda pública y afrontar la emergencia habitacional que sufre la isla de Tenerife. La formación nacionalista presentará una moción en la próxima Comisión Plenaria de Medio Natural y Cooperación Municipal con el objetivo de que este órgano se actualice y ponga en marcha medidas que ayuden a resolver este problema de forma participativa y consensuada.
La consejera nacionalista Diana Mora señala que la situación de la vivienda en Tenerife “exige aplicar medidas que ayuden a equilibrar la insuficiente oferta accesible a la creciente demanda habitacional. Entre ellas se encuentran la construcción de nueva vivienda de promoción pública, el impulso de medidas para acceder al alquiler social, la promoción de viviendas en arrendamiento, la creación de una bolsa de vivienda accesible, las ayudas a los colectivos especialmente vulnerables, las mejoras fiscales y, en general, todas aquellas políticas y medidas enfocadas a incentivar y promover el acceso a una vivienda digna. Dichas medidas tienen que ser abordadas de forma transversal y colectiva, contando con la máxima participación y la implicación de los agentes sociales con el objetivo de lograr los mejores resultados posibles”
Mora explica que la actual situación de emergencia habitacional, así como los retos que se vislumbran en el futuro más próximo “hacen indispensable la puesta en marcha con carácter inmediato de medidas a corto, medio y largo plazo de las políticas públicas de vivienda. En ese sentido, hay que incidir especialmente en el papel de las administraciones locales por su cercanía, conocimiento y la situación sobrevenida que se encuentran en el día a día ante los requerimientos de la ciudadanía”.
CC-PNC indica que el Consejo Insular de la Vivienda es el máximo órgano de participación en materia de vivienda y el Cabildo tiene que dotarlo con los recursos económicos necesarios para que la consecución de los objetivos que se establezcan de forma participativa y consensuada en el mismo, de tal forma que se pueden ejecutar las líneas de actuación que se acuerden.
