El Sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Comisiones Obreras – CC.OO., y la Unión General de Trabajadores – UGT lamentan que la “desastrosa y penosa política de personal en el Ayuntamiento icodense haya generado en el último año y medio una mayor precariedad laboral que ha llegado hasta el punto de incumplir sentencias firmes a favor de empleados públicos”.
Desde CC.OO. y UGT denuncian que “a fecha actual, aún no se hayan regularizado los salarios de los empleados públicos del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, por lo que los porcentajes de incremento salarial aprobados para todos los empleados públicos de España en los años 2017 y 2018 aún no se han aplicado, generando con ello que la congelación salarial iniciada en el año 2010, y presente durante todos los años de crisis económica, se haya ampliado en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos por, desde nuestro punto de vista, una mala gestión política en las áreas económicas y de personal”.
“Lo mismo sucede, señalan, con la aplicación de los derechos sociales de los empleados públicos recogidos en Convenio Colectivo y Acuerdo de Funcionarios, los cuales no se tramitan desde hace aproximadamente tres años. El concejal delegado de las áreas Económicas y de Personal, Samuel Álvarez, se comprometió en Mesa General de Negociación celebrada el pasado mes de octubre, que estas deudas, así como los incrementos salariales, estarían satisfechas nada más aprobarse el presupuesto. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón y el incumplimiento es una realidad”.
Para CC.OO. y UGT resulta totalmente reprochable que el actual grupo de gobierno (PSOE-PP-SI-Cs) “no reconozca la deuda contraída con empleados públicos relativa a salarios en los años 2009 y 2010, a pesar de que el propio Ayuntamiento en sede judicial reconoció dicha deuda. Con este tipo de política el Ayuntamiento obliga a resolver la práctica totalidad de problemas laborales en sede judicial debido principalmente a la falta de una voluntad de negociación y búsqueda de soluciones consensuadas. En definitiva, no existe una política de personal que abogue por la resolución de los problemas sino todo lo contrario. El problema se agudiza cuando dichos conflictos son ganados en los tribunales por los propios empleados públicos y el grupo de gobierno no ejecuta las sentencias. No cabe duda que esta anómala situación de gestión repercute negativamente en la prestación de los servicios”.
Por último, desde CC.OO. y UGT señalan que “enderezar la política de personal a esta alturas de mandato es un imposible”, aunque esperan que a corto o medio plazo “se pueda corregir por el bien no solo de los empleados públicos, sino de los servicios públicos, varios de los cuales se están viendo seriamente afectados”.
