CC demanda que se solventen las dudas sobre la financiación del plan del Gobierno “para poder seguir avanzando hacia un acuerdo”

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CC-PNC presentó hoy lunes en rueda de prensa el contenido de sus propuestas (https://bit.ly/3cj5KyW) al Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias elaborado por el Gobierno que, como señaló el secretario general de los nacionalistas canarios, José Miguel Barragán, “no solo puede sustentarse en la unidad de acción de todas las fuerzas políticas y sociales; debe también ser creíble y posible de ejecutar” y para eso “es necesario despejar dos grandes dudas que ahora mismo están sobre la mesa; qué medidas concretas se proponen y el contenido de la ficha financiera que debe hacerlas posible”.

En este sentido, Barragán, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por el coordinador del documento nacionalista, Fernando Clavijo, señaló que las propuestas nacionalistas incorporan medidas concretas, hasta un total de 130, al tiempo que señala una serie de dudas sobre la ficha financiera presentada por el Gobierno “que demandamos sea explicada antes de la siguiente reunión” (prevista para el viernes, 15 de mayo). Para el líder nacionalista “sin despejar las dudas sobre la capacidad de gasto en este pacto y en el plan que lo concretará es muy difícil seguir avanzando”.

Así, Barragán detalló las 18 dudas sobre la propuesta de financiación presentada por el Gobierno regional y para las que los nacionalistas requieren respuestas. Entre ellas, la ausencia en la misma de los 1.200 millones de euros que el Estado adeuda a Canarias por la sentencia firme del Tribunal Supremo por el incumplimiento del Convenio de Carreteras; el hecho de que con una caída prevista del PIB en más de dos dígitos se presente una propuesta con una cantidad que es similar a la reflejada en los presupuestos para 2020 o la ausencia de análisis sobre la pérdida de ingresos así como que repercusiones de ajustes en el gasto público va a conllevar. Además, los nacionalistas también señalan la falta de un análisis o proyección realista sobre el coste del mantenimiento de los servicios públicos. En concreto, en el caso de la Sanidad que presenta dos realidades; mantener su actividad ordinaria y hacer frente a la realidad de la pandemia. En el caso de Educación, CC-PNC también requiere información sobre la previsión sobre el coste de adaptación a las nuevas medidas sanitarias que se están planteando para volver a las aulas en septiembre.

Las dudas sobre las partidas reflejadas por el Gobierno autonómico en esa ficha financiera, también incluyen el hecho de que algunas de ellas “parecen repetidas a menos que se trate de nuevos recursos sobre los que no se da detalle” como es el caso de las partidas destinadas la cuota cero de los comedores escolares, la cantidad destinada a activar el sector de la construcción o para la cuota cero de autónomos o la ficha del Posei; cantidades que aparecen en el documento como aportaciones extraordinarias para hacer frente a la situación actual “lo que genera dudas sobre si se trata de unos recursos extraordinarios o son los ordinarios con los que ya se contaba”. Los nacionalistas también señalan que las bonificaciones y aplazamientos de impuestos aparecen en esa ficha financiera como una aportación del Ejecutivo canario “algo que es incorrecto puesto que si se trata de un aplazamiento se trata de un recurso que va a recuperarse con el tiempo”.

Barragán señaló además que “para poder seguir avanzando hacia un acuerdo que consideramos necesario” es vital “conocer cuál es la política fiscal que propone el Gobierno para este nuevo período; si mantiene la misma hoja de ruta que se había marcado el Ejecutivo al inicio de mandato y demandó conocer “si esta ficha financiera que compromete recursos del Estado está contrastada con el Gobierno central o si, por el contario, no tiene más valor que ser una estimación que puede o no cumplirse”.

El secretario general de CC-PNC explicó que, además de estas dudas, los nacionalistas plantean en su documento un paquete de medidas urgentes “que ya deberían haber sido tomadas por el Gobierno autónomo y que no pueden esperar a que se firme este acuerdo”. En total, 12 medidas que pueden permitir a Canarias “anticiparse a los escenarios más adversos” y a las que se sumarían esas 130 medidas adicionales “que marcan la hoja de ruta de acción de Gobierno que los nacionalistas entendemos que hay que seguir para superar la crisis social y económica a la que se enfrenta Canarias”.

El coordinador del documento, el senador Fernando Clavijo, detalló el contenido de ese plan de choque compuesto por doce medidas que parten de una primera realidad “despejar cuanto antes las incógnitas sobre el uso del superávit y el endeudamiento” para conocer con qué recursos reales va a contar Canarias para el Plan de reactivación. En este sentido, aseguró que el reparto de los 16.000 millones que el Estado destinará a las Autonomías debe saldarse con un ingreso para Canarias de 670 millones de euros en función de la población, el impacto de la pandemia en la economía canaria y el paro

Según detalló Clavijo, de los 16.000 millones tal y como ha avanzado el Estado 10.000 son para compensar el gasto sanitario, por lo que el dinero que venga a Canarias será el que pueda justificar el Gobierno de Canarias;  1.000 millones se repartirá en función de criterios de pobreza y por último 5.000 son para compensar el impacto económico de la pandemia y es precisamente en el reparto de estos 5.000 millones donde “señalamos que un reparto lineal sería terriblemente injusto con Canarias, tal y como ha anticipado el PSOE cifrando la cantidad total para Canarias en 500 millones, cantidad que coincide con la pérdida de recaudación por imposición indirecta”.  

Por eso al reparto meramente por población (Canarias representa el 4,52% de la población española), que implica una cantidad de 226.000.000 euros, que sale de multiplicar 4,52% por los 5.000 millones de euros se le debe aplicar, según CC-PNC, criterios correctores o debe ser complementada dadas las condiciones singulares de Canarias y el ser un territorio RUP. Así, aunque se pueden utilizar diversos criterios correctores para ello, CC-PNC propone “dos que consideramos objetivos; el desempleo y el PIB per cápita”.

Al aplicar esos dos criterios correctores “objetivos y cuantificables” y sumado a la pérdida de ingresos, a Canarias, de esa partida de 5.000 millones destinadas al impulso económico le deberían corresponder 670,4 millones de euros; cantidad a la que se debe sumar el reparto por índice de pobreza y las facturas por gasto sanitario. Es decir, una cantidad que debería rondar los 970 millones de euros.

En este sentido, los nacionalistas señalaron que “debe existir unidad de acción también para reclamar un reparto justo de este fondo de 16.000 millones” y recalcaron que “Canarias no puede permitirse perder un solo euro ni resignarse con menos de los que le corresponde” e instaron al Ejecutivo “a que pelee por sus derechos” y “no se traicione el interés de las Islas por un interés partidista”.

Además, de las 12 medidas incorporadas en el Plan de Choque que van desde reforzar la licitación de obras, declarar urgente la tramitación de todos los procedimientos relacionados con los proyectos de renovación, modificar la Ley del Suelo para que los proyectos de renovación turística se agilicen, la prolongación de los ERTEs para que la incorporación de los trabajadores sea proporcional al incremento de la actividad económica; líneas de financiación para la rehabilitación turística o que se disminuya en un 25% la cotización a la Seguridad Social de aquellos empleos susceptibles de acogerse al teletrabajo, los nacionalistas proponen 130 medidas que deben marcar la hoja de ruta de este futuro plan de reconstrucción de Canarias.

En especial, tanto Barragán como Clavijo defendieron que además de incorporar “a las dos universidades públicas canarias al pacto porque se trata de una ausencia que no se justifica y genera un enorme vacío” es necesario “que se busquen fórmulas para garantizar los ingresos de ayuntamientos y cabildos”. “Las administraciones locales tienen un papel principal en la atención social y son parte fundamental para garantizar la viabilidad de ese gran pacto que propone el Gobierno” por lo que “sin colaboración y cooperación entre administraciones ese plan no será efectivo”.

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