Ayuntamientos canarios carecen de registro de solicitudes de acceso a información

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Los ayuntamientos canarios tienen dificultades para cumplir con las leyes de transparencia, y uno de los motivos es que la “inmensa” mayoría de las corporaciones locales de las islas no mantienen un registro único de las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos.

Debido a esa carencia los ayuntamientos de las islas no están en condiciones de saber siquiera cuántas demandas de información han recibido, ha informado el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, tras las reuniones que su equipo ha mantenido con representantes de 33 corporaciones locales.

Otro de los problemas es que los ayuntamientos tampoco mantienen un procedimiento que regule el suministro de la información a los ciudadanos o la actualización periódica de los portales de transparencia.

En muchos ayuntamientos la responsabilidad de cumplir la ley de transparencia se ha atribuido directamente a los responsables de la informática, que no encuentran colaboración en el resto de las áreas municipales, en las que ni han recibido formación ni pueden contar con más personal para la tarea, según el Comisionado.

Las restricciones impuestas por la austeridad, la congelación de plantillas y el escaso avance de la administración electrónica se han convertido en los mayores inconvenientes para la buena implantación de la Ley de Transparencia, añade.

El Comisionado de Transparencia de Canarias señala en un escrito que la escasa activación de la transparencia en las instituciones está directamente relacionada con la baja demanda de información por los ciudadanos, en buena medida desconocedores de los nuevos derechos definidos en las leyes.

Esa situación, añade Daniel Cerdán, ha producido un relajo en el cumplimiento de las leyes, ante la escasa presión ciudadana que aprecian los dirigentes públicos.

Opina el Comisionado que las corporaciones han tendido a considerar las obligaciones de transparencia como una mera obligación legal y no una oportunidad para mejorar la comunicación con sus ciudadanos y para implantar internamente una especie de cuadro de mando que mida la eficiencia de las actuaciones municipales.

En las reuniones participaron los ayuntamientos Firgas, La Aldea, Tejeda, Valsequillo, Teror, Las Palmas de Gran Canaria, Artenara, Arucas, Tias, Mogan, Santa Brigida, Valleseco, Agaete, Arrecife, Santa Cruz de Tenerife, Icod de los Vinos, Breña Baja, Arona, Santiago del Teide, Haría, La Orotava y La Laguna.

También han participado San Bartolomé, El Sauzal, Los Llanos de Aridane, Agulo, Guía de Isora, Fasnia, Valverde, Arafo, Santa Úrsula y Buenavista del Norte.

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