Asamblea Unificada del Pueblo (AUP)-Sí se puede recuerda al alcalde de La Guancha su responsabilidad política en las cuentas de la Mancomunidad que mantiene este municipio con San Juan de la Rambla. La organización ecosocialista destaca que fue su advertencia sobre los incumplimientos de la Mancomunidad ante la Audiencia de Cuentas la que dio pie al cambio de esta dinámica.
“El alcalde del PP en La Guancha ha asegurado hace días en Ycoden Daute Radio que nuestra denuncia sobre los incumplimientos de la Mancomunidad en las obligaciones en materia de transparencia ante la Audiencia de Cuentas no hace referencia a la etapa en que él ha estado al frente de la Mancomunidad y eso es falso”, asegura el portavoz del grupo municipal de AUP-Sí se puede en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, Juan Siverio.
AUP-Sí se puede denunció en diciembre pasado que la Mancomunidad San Juan de la Rambla-La Guancha cometió infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria en los años 2013, 2014 y 2015, al incumplir la obligación de informar a la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre sus datos económicos, como establece la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Siverio destaca que su denuncia sí alcanza a la responsabilidad del actual alcalde de La Guancha, porque “el PP ya gobernaba este municipio en 2015 y él presidió la mancomunidad a partir de ese año; ¿qué pasa con lo ocurrido en 2015 y 2016?”, manifiesta el portavoz. “Por tanto, debe dejar de echar balones fuera, tanto él como los anteriores gobernantes de CC en La Guancha, lo que incluye a quien fuera su alcaldesa desde 1999 hasta 2015, la actual senadora de CC por Tenerife, Elena Luis”, subraya.
El portavoz, apunta igualmente que “desde luego, esta denuncia afecta también a los responsables políticos del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, porque ambos ayuntamientos son responsables por igual del funcionamiento de la mancomunidad”.
El concejal de AUP-Sí se puede asegura que “si nosotros no denunciamos la situación, no se hubieran iniciado los trámites de regularización, aun así, llegan demasiado tarde. El alcalde de La Guancha dice que la dinámica de infracciones constantes ya ha cambiado y se está solucionando el problema creado; se cambia precisamente porque en diciembre de 2016 advertimos sobre el caso y posteriormente presentamos una denuncia, corroborada por la sanción de la Audiencia de Cuentas”.
Siverio aclara que su denuncia “no hace referencia a los técnicos municipales, al contrario, pedimos responsabilidad política”, lo que no es un obstáculo para que, “en el caso de detectar alguna infracción por parte de los técnicos también lo denunciaríamos”. Por ahora, AUP-Sí se puede no tiene constancia de más infracciones, porque “no nos han entregado las cuentas generales de los años citados, después de haberlas pedido hace meses, con una actitud de bloqueo al acceso a la información en toda regla y considerado como delito por la Ley de Transparencia”.
El grupo municipal ecosocialista advirtió en diciembre pasado de que la infracción ante la Audiencia podría tener graves consecuencias para los dos ayuntamientos implicados, entre las que figuran la retención del importe de las entregas a cuenta y de anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda, la imposición de una multa al responsable de entre 60 y 900 euros hasta obtener el total cumplimiento de lo interesado y una retención del 2% de los pagos a los fondos municipales por parte de la Tesorería de la Comunidad Autónoma. Esta última sanción es la que ha sido anunciada por la Audiencia de Cuentas recientemente.
Siverio destaca que la denuncia y las advertencias enunciadas por AUP-Sí se puede van dirigidas a evitar que la Mancomunidad acabe liquidada por sanciones y por sus constantes infracciones. “No señalamos a la entidad, sino a sus representantes políticos, responsables de que esto haya sucedido y responsables también, incluido el alcalde de La Guancha, de la pérdida del 2% del presupuesto que le aportaría el gobierno de Canarias como resultado de la sanción por infracción muy grave”. El portavoz ecosocialista recuerda que la sanción también puede significar para los cargos públicos responsables una inhabilitación de hasta 10 años.
