Asamblea Unificada del Pueblo (AUP)-Sí se puede advierte a la alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez (PSOE), que «su incapacidad para el diálogo la va a llevar al bloqueo de San Juan de la Rambla, al tiempo que le llama la atención sobre la gravedad de sus errores en la gestión financiera del Ayuntamiento».
El portavoz del grupo de AUP-Sí se puede en la corporación, Juan Siverio, asegura que “el grupo municipal socialista abusa de la institución con una falta de voluntad para el diálogo poco aceptable en un gobierno en minoría”. Siverio se refiere en esta ocasión a la forma en que fue aprobada finalmente por el pleno el pasado viernes, 13 de octubre, la transferencia de crédito para pagar las subvenciones a distintos colectivos sociales, entre ellos, clubes de fútbol, bandas de música, comisiones de fiestas, agrupaciones folklóricas, parrandas y otras asociaciones.
La decisión de aprobar la subvención se adoptó por cinco votos a favor del grupo de gobierno y ocho abstenciones de los distintos grupos de la oposición y se acordó así después de que gobierno municipal hiciera un primer intento quince días antes, en un pleno celebrado a finales de septiembre, en el que la alcaldesa pretendía obtener el apoyo de la oposición para ejecutar una modificación de crédito del presupuesto prorrogado de 2016 para asumir los pagos pendientes, porque “la aprobación del presupuesto de 2017 se ha retrasado con excusas insostenibles, hasta llegar a la parálisis tras la renuncia del interventor”, precisa Siverio.
La sesión plenaria en la que se acordó la decisión fue convocada por un acuerdo de AUP-Sí se puede con el grupo municipal del PSOE, como un gesto de la organización ecosocialista para colaborar en la resolución de un problema que es solo responsabilidad del grupo de gobierno, pero que tenía consecuencias negativas sobre la ciudadanía. El gobierno municipal acudió a ese pleno con el compromiso de la abstención de AUP-Sí se puede, lo que habría sido suficiente para facilitar el acuerdo.
“Esta abstención, a nuestro juicio, permitía al mismo tiempo pagar las subvenciones que debían haberse pagado a principios de año si se hubiera aprobado el presupuesto, al mismo tiempo que expresamos de forma inequívoca que no otorgamos nuestra confianza al gobierno dirigido por Velázquez”, explica Siverio. Sin embargo, la incapacidad de la alcaldesa para reconocer la debilidad de su gobierno en minoría y para abrirse a un diálogo constructivo con la oposición está “a punto de acabar con la paciencia de AUP-Sí se puede”, advierte.
La realidad es que los presupuestos de 2017 siguen sin aprobarse y el Ayuntamiento funciona con una prórroga de los presupuestos de 2016 por una gestión nefasta de la alcaldesa y su concejal de Hacienda, que incluye el aplazamiento del debate del documento con la oposición en un momento en que el interventor estaba de vacaciones. La renuncia final de este empleado municipal y la negativa de sus sustitutos a firmar un documento sobre el que no tienen información ha dejado el presupuesto sin sentido como herramienta de planificación y gestión económica.
El portavoz de AUP-Sí se puede recuerda que, a principios de octubre, la organización ecosocialista accedió a dialogar con el grupo de gobierno para aclarar la situación financiera del Ayuntamiento. “En esa reunión le pedimos justificación de la transferencia de crédito que pretendía aprobar y, además, le exigimos que justificaran los 30.000 euros que iban destinados a una empresa de gestión tributaria para trabajar en recaudación”, detalla.
Entonces, el concejal de Hacienda explicó que esos 30.000 euros ya no eran necesarios para el fin previsto, porque se habían alcanzado acuerdos con el Consorcio de Tributos para que esta entidad se hiciera cargo de ello. En paralelo, el mismo responsable del gobierno municipal en materia de Hacienda aseguró desconocer el importe que se va ahorrar el municipio por el acuerdo con el Consorcio de Tributos y que habrá que esperar hasta junio del próximo año para saberlo.
Siverio apunta que, en el marco de esa reunión con el gobierno para aclarar asuntos financieros opacos, “reclamamos el abono de 600 euros a una asociación que no los había recibido y que se sacara a concurso público la plaza de maestra infantil, que conlleva una partida presupuestaria de la que se habían retirado 4.600 euros para destinarlos a otros fines”. De acuerdo a la ley, esta plaza debía haberse sacado hace dos años y hasta la actualidad se ha estado cometiendo una ilegalidad.
