El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a mostrar su apoyo a las corporaciones locales que reclaman poder invertir el superávit depositado en los bancos, una cifra que en estos en estos momentos alcanza los 22.000 millones de euros, según aseguró el jefe del Ejecutivo autonómico, “que no se pueden utilizar para servicios básicos esenciales, para educación, sanidad, dependencia, vivienda, para todo aquello que es fundamental”, lamentó.
Para el presidente de Canarias, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del año 2012 “demonizó a los ayuntamientos de manera injusta”, y considera una “incongruencia” que esos fondos no se puedan destinar a la ciudadanía.
“Una de las peticiones que le hice a Pedro Sánchez cuando me llamó como presidente de la Comunidad Autónoma fue que modificara la Ley de estabilidad presupuestaria”, recordó Ángel Víctor Torres, quien se mostró convencido de que dicha modificación se llevará a cabo una vez que tenga lugar la formación del Gobierno de España.
“Doy absoluta razón a alcaldes y alcaldesas y presidentes de cabildos cuando exigen que esas partidas se puedan invertir en los ciudadanos, me parece de justicia”, ahondó.
Reestructuración de los Cies
Con relación al repunte migratorio, que según señaló el presidente previsiblemente hará que a final de año se doble la cifra de personas llegadas en 2018, Torres apeló a la unidad y solidaridad de las administraciones.
“Tanto la Delegación del Gobierno como desde el Gobierno de Canarias hemos apelado a la solidaridad de los ayuntamientos y la respuesta que hemos recibido es favorable en la mayoría de los casos, ofreciendo infraestructuras municipales para el acogimiento como hemos hecho desde el Gobierno regional con infraestructuras propias”, avanzó.
El presidente de Canarias recordó asimismo la reunión que mantuvo con el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlasca, a quien solicitó un encuentro urgente para el establecimiento de nuevos mecanismos para responder a esta realidad, “a la que no vamos a dar la espalda”, aseguró.
Para el presidente Torres los centros de internamiento de inmigrantes, establecidos en el marco legal español desde el año 1985 “tienen unas circunstancias determinadas y es evidente que deben ser restructurados, debemos apostar por un modelo distinto, con unos fines distintos pues fueron diseñados para el regreso rápido de las personas a su país de origen y eso solo se cumple en un 30 por ciento de los casos”, concluyó.
