‘Base 25′ ha sido una herramienta fundamental desde hace años y ahora especialmente, ante la crisis habitacional que sufre Tenerife, en la que cada vez más personas tienen serias dificultades para hacer frente a unos alquileres que se han disparado. El programa de Cáritas interviene y previene casos de ejecuciones hipotecarias, desahucios por impago del alquiler o por carecer del título de propiedad
El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha presentado una enmienda al presupuesto de esta institución de cara a 2025 con el objetivo de recuperar el programa de Cáritas “Base 25”, que había sido suprimido por el gobierno insular de Coalición Canaria y Partido Popular de cara al próximo año, tal y como se puede comprobar en el proyecto de presupuestos que aprobó el pasado miércoles el Consejo de Gobierno de la corporación.
“Base 25” es un programa puesto en marcha bajo la gestión socialista del área de Asuntos Sociales en el Cabildo mediante un convenio con Cáritas, cuyo objetivo es prevenir la pérdida del hogar habitual debido a ejecuciones hipotecarias, desahucios por el impago del alquiler o por carecer del título de propiedad legal de la vivienda.
En el marco del proyecto “Base 25”, se atendió en 2023 a 1.194 personas adultas y 597 menores, un total de 1.791 personas que viven en una situación de vivienda insegura.
El programa acompaña y asesora a familias que, estando en una vivienda, corren el riesgo de perderla. También puede acompañar a hogares en una situación en la que, de no ser intervenida, terminaría de esta manera (abordaje desde la prevención social).
Priscila de León ha explicado que “el Cabildo deja a su suerte a la población más vulnerable, mientras que la política de vivienda se tiene que centrar en las personas. Se ha constatado el éxito del programa que gestiona Cáritas y, lejos de suprimirlo, hay que reforzarlo, en un contexto de crisis habitacional en el que perder una vivienda hace casi imposible encontrar otra. La vivienda, su acceso y conservación, tienen que ser una prioridad para el gobierno de Rosa Dávila”.
Tanto Priscila de León como Pedro Martín han subrayado que “si bien desde el Grupo Socialista hemos propuesto medidas para la creación de un parque público de vivienda social en alquiler, destinando 20 millones de euros -ahora que el Cabildo tiene competencias para ello-, hay cientos de familias que, debido al incremento de los alquileres, incluso teniendo trabajo, se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin casa y acabar en una situación de infravivienda o ‘sinhogarismo’, ante lo cual es inaceptable la supresión o el olvido de programas como Base 25”.
