La diputada y portavoz de los socialistas canarios en el Congreso de los Diputados, Dolores Corujo, estima que tanto los ciudadanos como las empresas de transporte de las islas deben ser objeto de «una mención y una atención específica» en este marco normativo
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados aspira a que la singularidad de los territorios insulares como Canarias quede blindada en la nueva Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en tramitación, y así lo ha introducido en el proceso de de presentación de enmiendas cerrado esta semana.
La portavoz de los socialistas canarios en las Cortes Generales, Dolores Corujo, ha explicado que las características propias de las islas «merecen una mención y una atención específica» que, por un lado, garantice que la movilidad de su ciudadanía se desarrolle en igualdad de condiciones con la del resto de los residentes en territorio español» y, por otro, que se habiliten «mecanismos de compensación» para el transporte de mercancías vinculado al Archipiélago.
Solo así, ha precisado la diputada por la provincia de Las Palmas, se podrá paliar la desventaja que representa para los ciudadanos y las empresas de estos territorios «su dependencia del transporte aéreo y marítimo». El Grupo Socialista también ha propuesto que se aborde la realización de un informe analizando «el cumplimiento del derecho a la movilidad sostenible en estos territorios singulares», respetando siempre las competencias que pudieran pertenecer a estas comunidades autónomas.
Corujo ha precisado que estas enmiendas son extensibles a las Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y que en el caso de las dos primeras han sido trabajadas conjuntamente con el Grupo Parlamentario de Sumar.
Cumplido este trámite de presentación de propuestas, la Cámara Baja ha remitido el proyecto de ley a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible para que elabore un informe al respecto. El fin de este nuevo marco normativo, que pretende estar aprobado en los próximos meses, es garantizar una mejor respuesta de las administraciones a las necesidades de movilidad y transporte de los ciudadanos, así como a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
