El Pleno de la Cámara regional ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista en la que se solicita al Gobierno de Canarias que inicie los trámites para la creación del Observatorio para luchar contra la economía sumergida y el fraude laboral, el cual se llevará a cabo a través del Observatorio Canario de Empleo (OBECAN).
La iniciativa, defendida por el diputado socialista Gustavo Santana, hace referencia al Informe Economía sumergida y fraude fiscal y laboral en Canarias. Una aproximación, solicitado por el Gobierno de Canarias, y elaborado por expertos y expertas de reconocido prestigio, donde se recoge “de forma concluyente” los aspectos que inciden en el fraude laboral en Canarias, teniendo en cuenta variables tan relevantes como el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la seguridad social.
De entre las conclusiones del informe, se encuentra que “sin información no se puede reducir la incertidumbre ni se puede ampliar el conocimiento”, y que en Canarias hay grandes lagunas cuando alguien pretende aproximarse a esta materia. “Si existe una verdadera intención de situar a Canarias entre las sociedades más avanzadas, ello exige luchar contra la economía irregular, el empleo no declarado y el fraude fiscal y laboral, que está asociado a sociedades poco desarrolladas”.
Además, el informe afirma que “si Canarias quiere cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda de Naciones Unidas 2030, a la cual se ha alineado la Agenda Canaria de Desarrollo sostenible 2030, tendrá que establecer mecanismos que permitan erradicar las prácticas y comportamientos de la informalidad, y fomentar una cultura basada en una moralidad y ética pública que ensalce el valor de la solidaridad y la aportación progresiva de quienes disponen de más y mejores recursos.
Para el Grupo Socialista, es preciso seguir combatiendo el empleo no declarado en general, y el empleo no declarado de las empleadas de hogar en particular —feminizado y con elevado peso de población extranjera—, introduciendo la perspectiva de género de forma transversal en todas las actuaciones de vigilancia y control.
Asimismo, Santana recordó que es preciso intensificar la vigilancia en el fraude a la Seguridad Social, ya que el mismo supone la pérdida de ingresos por parte del sistema, unos ingresos que se requieren, en particular, para garantizar su viabilidad económica y la sostenibilidad financiera garante de las pensiones en el futuro.
También recordó que en los VII Acuerdos de Concertación social de Canarias, publicado en el BOC de 9 de abril de 2018, en el apartado destinado a la economía sumergida, entre las propuestas de actuación, establece que hay que poner en marcha el Observatorio del Fraude como órgano de participación institucional entre las administraciones públicas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
El diputado socialista incidió en que la competente en materia de Concertación Social, y también respecto a la economía sumergida en el ámbito laboral, es la Consejería de Empleo, por lo que a priori, y teniendo en cuenta que ya la Dirección General de Trabajo cuenta con una línea de subvenciones para combatir el fraude laboral y la economía sumergida, es pertinente que se articulen medidas adicionales, según lo reflejado en el informe.
Santana también indicó que los últimos datos de la Inspección de Trabajo en Canarias en 2023 reflejan que afloraron 4.447 empleos, se transformaron 3.346 contratos temporales a indefinidos, y que 1.663 contratos a jornada parcial pasaron a ser a tiempo completo.
