El Pleno de la Cámara regional ha aprobado hoy miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista en la que se solicita al Gobierno de Canarias que se coordine con el resto de administraciones públicas competentes para poner en funcionamiento los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual impulsados por el Gobierno de España y previstos en la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual antes del 31 de diciembre de 2024.
La iniciativa, defendida por la diputada socialista Elena Máñez, insta al Gobierno de Canarias para, en colaboración y coordinación con el resto de las administraciones públicas competentes, fortalecer, en su ámbito de competencias, tanto a nivel normativo como presupuestario, las políticas de igualdad y las medidas de prevención y lucha contra la violencia sexual y de género, así como las medidas de atención, protección y reparación integral de las víctimas.
También se pide garantizar en los próximos presupuestos de 2025 la suficiencia financiera del Instituto Canario de Igualdad, revirtiendo los recortes sufridos en el presente Ejercicio, así como tomar las medidas necesarias para que los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual comprometidos por el actual Ejecutivo, y que están previstos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS) entren en funcionamiento dentro del plazo establecido, antes del 31 de diciembre de 2024.
Asimismo, se solicita garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género asegurando, entre otros, la correcta y completa ejecución de los fondos transferidos por el Estado a tal efecto.
La propuesta recuerda que la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género crea el Sistema Canario de Intervención Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la cual recoge de forma clara la violencia sexual como una manifestación de la violencia de género.
La diputada socialista recordó que “lamentablemente”, hoy en día todavía en Canarias no se ha abierto ninguno de los centros comprometidos por parte del Gobierno de Canarias, que tienen que estar abiertos y en pleno funcionamiento antes del 31 de diciembre de este año, y no solo con las infraestructuras, sino también con el personal necesario.
“Traemos esta PNL ante la preocupación de que no se hagan realidad estos centros en Canarias. Pero no basta solamente con garantizar que se atienda esta demanda, sino que el Gobierno de Canarias también lleve a cabo políticas integrales que aborden las causas que siguen perpetuando esa violencia sexual hacia las mujeres, y que, para ello, el Instituto General de Igualdad revierta los recortes que sufrió en 2024”, alertó.
Para Máñez, es necesario que el Organismo de Igualdad lidere e impulse esas políticas transversales en educación y a la juventud que contribuyan a generar ese cambio en la percepción sobre la violencia sexual que todavía sufren las mujeres, por lo que hay que trabajar con la juventud y no solamente con campañas.
En este sentido, recalcó que los centros de crisis para la atención integral 24 horas para las víctimas de violencia sexual son un compromiso del Gobierno de España en el marco de la ley conocida como del solo sí es sí, que a su vez da también da cumplimiento al Convenio de Estambul, que permite atender a las víctimas de violencia sexual y a las supervivientes de la violencia sexual mayores de 16 años, tanto si la violencia se ha producido de forma reciente como en el pasado.
Máñez aclaró que para acceder a ello es muy importante que no sea necesaria la interposición de la denuncia, y que haya acompañamiento integral y asistencia jurídica especializada, “porque somos conscientes que en muchos casos todavía hoy las mujeres no denuncian. Hay una realidad en la violencia sexual que se ve a través de las estadísticas de las denuncias, pero hay una violencia sexual oculta donde todavía, por distintas razones, existe miedo a no ser creída o por vergüenza, y por eso es importante que se atienda también”.
Para la diputada socialista, hay que incidir, por ejemplo, en las consecuencias del consumo de la pornografía, donde las personas jóvenes están aprendiendo y normalizando esa violencia sexual hacia las mujeres, además de garantizar que los fondos que destina el Gobierno de España dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se ejecuten y que tengan el impacto que deben. “Confiamos que en 2025 no se vuelvan a producir recortes en el Instituto Canario de Igualdad, sino que se mejoren estas partidas para cumplir con todas esas políticas necesarias para abordar de forma integral la violencia de género y sexual”.
“No podemos bajar la guardia, ya que nos encontramos con fuerzas ideológicas que cuestionan el discurso feminista que ha sido clave a la hora de poner en la agenda política las distintas formas de violencia y opresión que sufrimos las mujeres, máxime cuando tenemos fuerzas políticas ultraconservadoras que niegan los derechos de las mujeres, y cuando estamos viendo en muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que están asumiendo las premisas de la ultraderecha, por ejemplo, negando el término violencia de género y usando el término violencia intrafamiliar que promueve la ultraderecha”, denunció.
