El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado ayer martes durante la sesión del control en el Parlamento, su decepción con la falta de respuesta del Estado ante el fenómeno migratorio y, paradójicamente, su pronta actuación judicial contra las acciones impulsadas por la Comunidad Autónoma, “lo que me hace creer que quieren dejar a Canarias sola ante el fenómeno migratorio y convertirla en una Lesbos del sur de Europa”.
Esta decepción se sustenta en la falta de compromiso del Gobierno de España y de sus ministros, qué tras la reunión del pasado martes en la comisión interministerial, a la que asistieron cinco ministros y tres secretarios de Estado, “me aseguraron que era posible una reunión a tres bandas, Estado, Canarias y el PP, y que contaban ya con un modelo de distribución de menores sobre el que poder trabajar”.
A fecha de hoy, “todavía no sé si va a darse esa reunión y tampoco hemos recibido el modelo propuesto, en el que nosotros hemos trabajado hasta en cuatro versiones, y lo único que recibimos es la acción de todo el peso del Estado, al querer mejorar las condiciones en las que recibimos a los menores, porque es importante conocer su nombre, su edad, una imagen, si vienen buscando asilo político”, explicó el presidente.
Toda esa información garantiza que el Gobierno pueda darle el trato más acorde con sus necesidades “y la activación de un nuevo protocolo que vino a evidenciar era la mala gestión que han hecho, hasta ahora, los responsables estatales en materia migratoria”, apostilló.
Fernando Clavijo se preguntó “hasta cuándo tenemos que soportar este abandono, hasta cuántas plazas tenemos que crear, hasta cuántos millones de euros tenemos que invertir, detrayéndolo de los fondos de los canarios, para que nos hagan caso; eso sí, si reclamamos y exigimos nos amenazan con todos los poderes del Estado”, denunció, en alusión a la suspensión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al informe del Consejo de Estado, tras una decisión del Consejo de Ministros.
El presidente aseguró que quien había intentado crear espacios de diálogo había sido el Gobierno de Canarias, firmando un Pacto migratorio, planteando la modificación de la Ley de Extranjería, negociando con todos los grupos del Congreso, trayendo al PP al acuerdo, con el visto bueno de las comunidades autónomas en las que gobierna, disponiendo de 165 millones de euros para la atención de los niños y niñas.
Y frente a estas acciones, “quién no ha hecho nada, ni siquiera se refiere a los niños en sus intervenciones parlamentarias”, -en referencia al PSOE-, “decide tomar medidas judiciales que solo embarran más un asunto para el que hay tener humanidad, altura de miras y sentido de Estado”.
En este sentido, el presidente hizo alusión a que en la reunión que mantuvo con el vicepresidente de la comisión europea, Margaritis Schinas, “se constató que España no había hecho la tarea, porque no solicitó los recursos ni fondos europeos que podrían activarse para atender a estas personas, y mientras hace dejación de funciones e impulsa suspender el trabajo que hace Canarias, sí puede declarar saturada su red de asilo, sin que conste que haya ninguna institución denunciando este incumplimiento”.
