El consejero de Política Territorial señala que los más de 700 profesionales consultados coinciden en la necesidad de “profundizar en los principios de racionalización y simplificación” de la Ley de 2017
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, anunció este martes que la actualización de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales de Canarias se sustentará “en la experiencia de los profesionales que la aplican a diario”, y desveló el carácter “muy técnico y práctico” que tendrá la renovación en la que viene trabajando su departamento desde el pasado verano.
En respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta, el consejero aseguró que antes de que finalice este año espera poder presentar en la cámara autonómica “una muy buena propuesta de actualización de la Ley del Suelo, para buscar en los grupos políticos el mismo consenso que hemos encontrado en los técnicos y expertos que la han estudiado y debatido estos meses”.
Manuel Miranda explicó que la Consejería de Política Territorial viene realizando desde el pasado verano “un minucioso trabajo de análisis y escucha” en el que han
participado más de 700 profesionales del ámbito público y privado, con técnicos municipales e insulares de todos los ayuntamientos y cabildos, además de los propios funcionarios del Gobierno de Canarias.
“Los resultados provisionales nos permiten adelantar que la propuesta de actualización de la Ley del Suelo va a ser muy técnica y práctica, pues se basa en la propia experiencia de los profesionales y expertos que han venido aplicando la ley desde su entada en vigor”, ha señalado.
Además de en el ámbito público, el proceso de análisis se ha desarrollado en foros de carácter privado como el Colegio de Arquitectos, el congreso de la Asociación Canaria de profesionales del Urbanismo (ACADUR) o la Universidad de Verano de Maspalomas.
Manuel Miranda ha calificado el proceso como “muy positivo” y ha anunciado un “gran consenso sobre la necesidad de profundizar en los principios de la Ley, racionalización y simplificación de la norma, para garantizar tanto una mayor seguridad jurídica, como una mejor protección de nuestro territorio”.
Entre otras necesidades detectadas, el consejero ha destacado la importancia de reducir plazos en las tramitaciones y evitar duplicidades, o mejorar las herramientas de ordenación insulares y municipales, con una mayor concreción en el carácter, contenido y alcance de los planes insulares de ordenación, o una mejor delimitación de los criterios que justifican la urgencia o el carácter sobrevenido de los proyectos de interés insular o regional.
Los expertos consultados también reivindican una mayor capacidad y flexibilidad en las herramientas de planeamiento municipal, apostando por un mayor protagonismo de la ordenación estructural frente a la pormenorizada.
