La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, tiene claro cómo ha de cambiar el Sistema Canario de la Dependencia para que sea eficaz en el tiempo y no solo en momentos puntuales. Entre las medidas que está tomando se encuentran el Plan de Choque para aumentar el personal en la Comunidad Autónoma, los convenios con los Cabildos Insulares, la mejora en la financiación y la colaboración con las corporaciones locales para agilizar el largo procedimiento que ralentiza las resoluciones y, por tanto, la concesión de prestaciones y servicios a los que la ciudadanía tiene derecho.
De estas medidas fueron informados los municipios de menor población de la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante una reunión celebrada recientemente en el Edificio de Usos Múltiples de la capital tinerfeña, que se repetirá el próximo lunes en Las Palmas de Gran Canaria, y en donde estuvo acompañada por el presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y alcalde de Tegueste, José Manuel Molina; el viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil; y la directora general de Dependencia y Discapacidad, María del Carmen Marrero. Al encuentro estuvieron invitados el Colegio de Trabajadores de Santa Cruz de Tenerife, los alcaldes, concejales y trabajadores sociales de los municipios participantes.
La consejera inició su intervención exponiendo lo que ha significado la crisis económica para los servicios sociales en Canarias, sobre todo entre los años 2010 y 2012, periodo en el que se debería de haber desarrollado de forma más eficaz la Ley de la Dependencia en el Archipiélago. Una vez “casi superada la crisis, es el momento para que asumamos el protagonismo para cambiar las estructuras y crear un sistema sólido que pueda dar respuesta a las personas dependientes y debemos hacerlo en el marco de la colaboración entre administraciones, sin perder la perspectiva de que es la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Canarias y particularmente esta Consejería la que tiene la responsabilidad de hacerlo”, indicó Valido, quien también reconoció el imprescindible papel de los equipos municipales y la necesidad de reforzarlos, por lo que se comprometió a mejorar las aportaciones a la espera de que la nueva ley defina el papel y la financiación de cada administración.
Con esta medida, la titular de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda pretende que aquellos ayuntamientos de poca población que debido a la nueva legislación perderían la financiación autonómica para la contratación de un trabajador social para tramitar las solicitudes de PCI puedan mantenerlo asumiendo el informe social necesario para la tramitación de la Ley de Dependencia.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la FECAM, José Manuel Molina, insistió en que es una buena fórmula para mantener los empleos de los trabajadores sociales, “tan necesarios para la sociedad e imprescindibles en el ámbito municipal” porque “el objetivo de la FECAM es que ningún ayuntamiento pierda un solo trabajador social”.
Cristina Valido corroboró las expectativas de Molina y quiso transmitir tranquilidad a los trabajadores, ya que “a través de las adendas a los convenios vigentes con los Ayuntamientos se incluirá la tramitación de informes para Dependencia, los Ayuntamientos seguirán contando con financiación para la contratación, ya que son informes que en ocasiones ya poseen los municipios porque los solicitantes, en una parte de los casos, son usuarios habituales de los servicios sociales comunitarios por razón de edad o discapacidad”.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda también quiso dejar claro que la responsabilidad seguirá siendo de la Comunidad Autónoma porque “el reconocimiento de la Dependencia es indelegable, por lo que el grueso del procedimiento, como es la solicitud y el reconocimiento de grado y el Plan Individual de Atención, seguirán estando en manos de la Dirección General de la Dependencia, que es el departamento competente en la materia”. “Con la colaboración de los Ayuntamientos”, añadió Valido, “se agilizará el procedimiento contando con la administración más cercana a los vecinos y vecinas y se podría resolver una gran parte del procedimiento”.
Medidas a cuatro bandas
Cristina Valido también hizo hincapié en el trabajo que el Gobierno está realizando en materia de Dependencia. “En primer, lugar hemos incrementado la financiación con respecto a 2016 en un 14% y el Gobierno tiene la voluntad de un incremento aún mayor mayor para el año 2018”.
Como medida paralela se pondrá en macha el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias para la Atención a la Dependencia, que contará con una inversión de 256,3 millones de euros, financiado al 50% entre Cabildos y Ayuntamientos, y repartidos en tres anualidades. Este plan permitirá la creación de unas 4.000 nuevas plazas, y “con ello se pretende disponer de cuidados y medidas de protección para las personas dependientes en sus entornos comunitarios”.
En tercer lugar, apuntó la consejera, “vamos a incrementar el personal destinado a la gestión de la Dependencia en la Comunidad Autónoma, para lo cual ya disponemos de dos millones de euros a través de la Ley de Crédito Extraordinario”.
Y en cuarto lugar, incrementar la colaboración con las administraciones locales e insulares con medidas “como las que hemos venido a explicar hoy aquí y también con los Cabildos Insulares, a los que también financiaremos para que puedan realizar la primera valoración y la propuesta de PIA en cada uno de sus territorios y así poder asignar el recurso más adecuado para las personas dependientes”. “Es el momento”, incidió Cristina Valido, “de protagonizar el cambio en la estructura y en las infraestructuras del modelo canario de atención a la Dependencia con la colaboración necesaria de las corporaciones locales”.
