Canarias faculta a sus Servicios Jurídicos para iniciar los estudios y las acciones judiciales, si fuera necesario, para defender los derechos de los menores no acompañados y de la Comunidad Autónoma
El Gobierno de Canarias facultó este lunes a sus Servicios Jurídicos a iniciar los estudios y ejercitar las acciones interadministrativas y judiciales, incluidas en su caso las penales, en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, así como, de las competencias de la Comunidad Autónoma. Así lo trasladó este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a los integrantes del Pacto Canario por la Inmigración, conformado por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias, PSOE, CC, PP, NC, ASG y AHI que respaldaron, salvo Vox, el paquete de medidas aprobado hoy por el Gobierno presidido por Fernando Clavijo en esta materia.
Entre las medidas extraordinarias aprobadas este lunes por el Consejo de Gobierno también se encuentra la comunicación a las entidades colaboradoras para que “no reciban a menores sin la conformidad previa o la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes con el fin de proteger el interés de los menores no acompañados que ya están atendiendo, así como, iniciar trámites jurídicos para que el Estado asuma “sus obligaciones en materia migratoria”.
El presidente Clavijo sostuvo que “al final lo que no debemos perder de vista es que estamos hablando de niños y niñas y de una situación que el Gobierno de Canarias lleva denunciando más de un año y lo que toca es poner un poco de orden y que se cumplan los protocolos”.
Precisamente, una de las vías que emprenderá el Ejecutivo autonómico y que fue refrendada por el Consejo de Gobierno este lunes comprende el inicio de acciones jurídicas para que el Estado “cumpla con sus obligaciones sustanciales y de procedimiento en materia migratoria, en particular, las relacionadas con los menores extranjeros no acompañados”, según recoge el acuerdo.
Fernando Clavijo puso el foco en la necesidad de que el Gobierno de España, y así lo requerirá al Estado, “cumpla con los protocolos establecidos en 2014, así como, hemos notificado que para cualquier procedimiento antes de acudir a las ongs que trabajan en este ámbito se pongan en contacto con la Comunidad Autónoma”, con el fin de “garantizar la trazabilidad, la seguridad y la integridad del menor”.
En este contexto, subrayó que “da la sensación de que el Estado entiende que la responsabilidad de los menores no acompañados es de Canarias y los menores ni están desamparados ni están abandonados porque están bajo la guardia provisional del Gobierno de España desde que son rescatados, hasta que los meten en la frontera española y mientras los reseña la Policía Nacional y hasta que son entregados a la Comunidad Autónoma, en este caso, a Canarias”. El presidente aseguró que en “ningún momento nos negamos a acoger a los niños y niñas, vamos a seguir prestándole auxilio a la Administraciones del Estado” pero, aseguro, “no vamos a normalizar procedimientos como la entrega de los menores directamente a las ongs por lo que insistió en la apertura de un debate jurídico que garantice “el interés del menor en primer lugar, la protección de los trabajadores de las ongs y de la plantilla de la Consejería de Bienestar Social” que atienden en estos momentos a 5.283 menores no acompañados en una red de recursos que supera en estos momentos en 944 las plazas con las que cuenta el Gobierno de Canarias.
El Consejo de Gobierno facultó además este lunes a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma para estudiar y “ejercitar las acciones interadministrativas y judiciales, incluida en su caso las penales, en defensa de los derechos de los menores no acompañados, así como, de las competencias de Canarias”.
El impulso a la las medidas aprobadas como plan de choque para hacer frente a la situación de emergencia migratoria, en especial, las dirigidas a habilitar nuevas plazas y a la ampliación de la plantilla de la Dirección General de Protección de la Infancia y Familia, así como la designación de la Consejería de Bienestar Social para el seguimiento y gestión del acuerdo trasladado hoy al Pacto Canario de la Inmigración y para impulsar las resoluciones necesarias para “preservar el interés superior de las niñas y niños extranjeros no acompañados”, son otras de las medidas aprobadas hoy por el Ejecutivo canario y que no invalidad, aclaró el presidente “la necesidad de un gran acuerdo político para llevar a cabo esa modificación legislativa”, tal y como, se debatió hoy en el seno del Pacto Canario por la Inmigración.
En el encuentro celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria han asistido además del presidente la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, así como, el viceconsejero de Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, Jorge Riestra, y el secretario general, Ceferino Marrero.
En nombre de los grupos parlamentarios han participado Sebastián Franquis (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Luz Reverón (PP), Luis Campos (NC), Jesús Ramón Chinea (ASG) y Raúl Acosta (AHI), Nicasio Galván (Vox), y Casimiro Curbelo (ASG) que intervino por videoconferencia.
